La juez aplaza sin fecha la declaración de Granad
Mientras se resuelve el hipotético recurso contra la admisión a trámite de la querella, la juez la suspende sin fecha
Francisco Granados, en la Audiencia.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha aplazado sin fecha la declaración como investigado del exconsejero madrileño Francisco Granados por la querella que interpuso contra él la presidenta de esta comunidad, Cristina Cifuentes, que estaba prevista para este miércoles, 21 de marzo. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la magistrada María Isabel Durántez Gil ha dictado una providencia en la que acuerda admitir el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa del exsecretario regional del PP hace unos días.
En el escrito, el abogado de Granados, Javier Vasallo, considera que existe "indefensión" porque supuestamente no se le había dado traslado del auto de admisión a trámite de la querella pero sí de las citaciones para declarar en el juzgado. De esta forma, la magistrada ha acordado tramitar el incidente de nulidad y dar traslado a la defensa de Granados del auto de admisión a trámite de la querella, que podrá recurrir en reforma o en apelación.
Mientras se resuelve el hipotético recurso de Granados contra la admisión a trámite de la querella, la juez ha decidido suspender la declaración del exconsejero madrileño, que estaba citado el miércoles como investigado por la querella que presentó contra él Cifuentes por injurias y calumnias tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga la 'trama Púnica'.
"Injurias y calumnias"
Cifuentes se querelló contra Granados después de que éste dijera al juez García Castellón que la actual presidenta madrileña conocía una caja b con la que se pagaron gastos de "refuerzo" de las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011. En esa declaración, el exconsejero -considerado uno de los principales cabecillas de la 'trama Púnica'- añadió que Cifuentes se jactaba de que era la que mandaba en el PP madrileño "por orden del señor González", quien, junto a Aguirre, controlaba todo lo que se hacía en el Gobierno autonómico. Era "la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido del señor González", aseguró.
Según la querella de Cifuentes, las acusaciones de Granados no se basan en "el legítimo ejercicio del derecho de defensa", sino que suponen "un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".
También considera que encajan en el tipo penal de la calumnia al "pretender" relacionar a Cifuentes "con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad". En sus declaraciones, Granados comentó que Cifuentes mantenía una estrecha relación con el expresidente madrileño Ignacio González.
Por ello, la querella apunta a un posible delito contra la integridad moral al entender que ha habido "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".