Alemania prevé de 10 años a cadena perpetua por delitos de rebelión
Para que la entrega entre países pueda efectuarse deben contemplar el mismo delito en sus respectivos códigos penales
Policías fronterizos alemanes, en un control.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido "retenido" por la policía alemana como consecuencia a la euroorden de detención del Tribunal Constitucional español. Con su detención se abren nuevas incógnitas. ¿Qué puede pasar ahora? Según figura en los acuerdos europeos, los países que comparten el espacio Schengen también comparten una responsabilidad en la ejecución de solicitudes de asistencia judicial internacional. Así, con la orden europea de detención y entrega emitida por el juez Pablo Llarena, la justicia alemana puede detener preventivamente a Carles Puigdemont para evitar su fuga y estudiar el caso para entregarlo a las autoridades españolas.
Para que esta entrega entre países pueda efectuarse deben compartir la contemplación de ese mismo delito en su Código Penal. Así, la ley alemana apunta a penas de entre 10 años de prisión a cadena perpetua en los casos de rebelión que pretendan "socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania por la fuerza o por la amenaza de la fuerza", un supuesto violento que, no sin polémica, Llarena incluye en su auto contra los antiguos responsables del Gobierno catalán y líderes del movimiento independentista. En casos menos graves, la sentencia puede variar entre uno y diez años de cárcel.
Defensa activada
Consciente de ello, el abogado de Pugidemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que “la defensa jurídica ya está activada” y que se pondrá en contacto con abogados alemanes para que asistan jurídicamente al expresidente catalán en su defensa frente a la euroorden de la justicia española.
Alemania es uno de los países más activos en los procesos de cooperación judicial. Así, en el 2015 la primera potencia económica del continente detuvo a hasta 1.635 personas en cumplimiento de euroordenes emitidas por otros Estados comunitarios, de los cuales 1.283 terminaron siendo entregados.
A pesar de ese historial de colaboración, en 2005 Alemania y España vivieron un fuerte rifirrafe judicial cuando el Tribunal Constitucional alemán puso en entredicho la norma europea al rechazar la euroorden española para entregar al sirio-alemán Mamoun Darkazanli, acusado de ser una pieza clave de Al Qaeda en los atentados del 11-M.