La incierta espera de Puigdemont

En la centenaria prisión de Neumünster comenzó Carles Puigdemont una incierta cuenta atrás. ¿Cuánto tiempo tardará la justicia alemana en decidir si le extradita o no a España? ¿Qué opciones reales tiene de ganarle la partida al Estado? ¿Cuándo quedará suspendido de su actual cargo de diputado de Junts per Catalunya? Son preguntas cuyas respuestas no parecen inminentes. Tanto el tribunal del 'land' de Schleswig-Holstein como el juez del Supremo Pablo Llarena se han dado tiempo, uno para analizar la documentación remitida por la justicia española para justificar la extradición; el otro para dejar dejar sin cargo a Puigdemont.

La detención en Alemania del exmandatario catalán cambió su situación en la causa: de imputado a procesado por rebelión y malversación. Al menos eso ha entendido el magistrado Llarena, que dictó ayer una providencia en la que le admite su personación en la causa, lo que le permitirá recurrir su procesamiento. Así el juez trata de conjurar cualquier posible vulneración del derecho de defensa. La suspensión automática del cargo público solo afecta a los procesados por rebelión (no por otro delito) que estén en prisión preventiva, pero una vez que el procesamiento sea firme. Y para ello aún quedan semanas.

 

Varios trámites

Según fuentes jurídicas, ahora se tendrá que hacer llegar la causa completa al 'expresident', lo que por su volumen puede demorarse unos días. Una vez en su poder dispondrá de tres días para recurrir. Una vez que el magistrado se vuelva a pronunciar, las partes dispondrán de cinco días para recurrir a la sala de apelación del Supremo. Hasta que se cumplan todos y cada uno de estos trámites el auto no será firme.

Consciente de que los plazos pueden ser largos, Puigdemont envió varios mensajes a través de Instagram: que no se «rinde», que pese a las «adversidades» no «desfallecerá» en la defensa de sus «ideales», que «esta será una lucha larga pero acabará bien» y que el soberanismo tiene que estar unido. 'Un rayo de esperanza para Carles Puigdemont'. Así titulaba este martes el influyente semanario alemán 'Der Spiegel', una información que podría ser clave en el futuro del 'expresident'. Según sostuvo en su auto la jueza de Neumünster que le interrogó y le envió a prisión preventiva, cabría la posibilidad de que la euroorden pudiera ser considerada improcedente.

La jueza tomó la decisión de mantener en la cárcel a Puigdemont en base al riesgo de fuga a Bélgica, donde reside y donde el trato judicial podría serle más favorable a sus intereses. Pero sobre una hipotética extradición advirtió: «No hay duda de que el contenido de la orden de detención europea proporciona pruebas de que la extradición de la víctima podría ser juzgada inadmisible tras una consideración exhaustiva de los asuntos legales relevantes».

Sin embargo, no será ella quien decida si acepta la orden de arresto emitida por el Supremo y si Puigdemont pasa a disposición de la judicatura española. Eso lo determinará el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. Y como aseguró ayer el fiscal general Friedrich-Georg Güntge, la justicia alemana espera ahora que toda la documentación del caso llegue cuanto antes.

Demanda en Ginebra

Mientras eso sucede, el otro frente abierto para Puigdemont está en Bruselas, pero también va con calma. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha registrado la demanda del expresidente catalán por la «vulneración» de sus derechos políticos en España. Para ser admitida se deben dar antes dos pasos más. La secretaría del comité ha informado a España del registro de la queja y ahora el Gobierno tiene seis meses para contestar.

Tras cumplimentar este trámite, el comité trasladará las alegaciones a la abogada de Puigdemont y ambas partes, el 'expresident' y España podrán hacer comentarios al respecto. Un proceso que puede durar meses y después del cual el comité se reunirá para estudiar la posible admisión a trámite de la demanda, algo que «puede demorarse entre dos y cinco años», según el propio organismo.

Una vez se decida la admisión, se anunciará si el caso se abandona o sigue estudiando el contenido de la demanda. El dictamen final no es vinculante, pero el comité entiende que los estados que no acaten sus resoluciones están violando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.