Un proyecto que incluye guiños a pensionistas, funcionarios y rentas bajas
Pese a estas medidas expansivas el gasto público se reduce al 40,5% del PIB, el más bajo desde 2007, para cumplir con el déficit.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la presentación en el Congreso del Proyecto de Presupuestos para 2018. CHEMA MOYA
d. valera | madrid
Los Presupuestos de 2018 llegaron ayer martes al Congreso cargados de guiños a pensionistas, funcionarios y contribuyentes con rentas más bajas. Unas cuentas públicas que incluyen medidas de revalorización salarial, alzas de prestaciones y rebajas fiscales por valor de 3.800 millones con las que el Gobierno estima que se beneficiarán 13 millones de personas y con las que espera atraer los apoyos parlamentarios que todavía le faltan.
Eso sí, pese a ser unos Presupuestos más expansivos su objetivo sigue siendo cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas. Esto supone un ajuste de unos 10.000 millones en 2018 para rebajar el desfase del 3,1% de 2017 al 2,2% este año y salir así del la vigilancia exhaustiva de la Comisión Europea. Y el Ejecutivo espera hacerlo con la contención del gasto público en términos de PIB y unos ingresos récord que ya han despertado dudas. Acompañado de toda la plana mayor del Ministerio, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, desgranó durante más de dos horas y media las «bondades» de unos Presupuestos que el Gobierno presenta con más de seis meses de retraso respecto al calendario ordinario. Así, Montoro resaltó el aumento del gasto social hasta los 196.782 millones, un 2,8% más que el año anterior. De hecho, estas partidas suponen el 56% del total del gasto, algo lógico si se tiene en cuenta que sólo las pensiones representan el 40,9% del gasto presupuestario (144.835 millones) y que este año se han incrementado en 5.000 millones.
«El objetivo es propiciar el crecimiento económico y en especial que llegue a todas las capas de la sociedad», defendió el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. La revisión al alza del crecimiento económico -la previsión se elevó del 2,3% al 2,7%- da margen al Gobierno para aumentar ciertas partidas que afectan a colectivos significativos como los pensionistas y los funcionarios con un importante peso electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2019. Así, las cuentas públicas incluyen una revalorización de las pensiones mínimas y de viudedad por encima del 025% y una reducción en la tributación de aquellas prestaciones inferiores a los 18.000 euros con las que se beneficiarán 6 millones de pensionistas y cuyo impacto Hacienda estima en 1.000 millones.
Por otra parte, también recogen una subida del sueldo de los funcionarios del 1,75% y otros 600 millones del plan de equiparación salarial para policías y guardias civiles con las fuerzas de seguridad autonómicas. Sin embargo, el Gobierno mantiene que el incremento de estas partidas es «coherente» con la senda de consolidación fiscal.
De hecho, las cuentas contemplan que el gasto público representan el 40,5% del PIB, lo que supone una reducción frente al 41% de 2017 y la cifra más baja desde 2007. También es muy inferior al 45,3% registrado en 2011 cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. Pero Montoro rechazó que ese descenso suponga un ajuste. «La política del PP no son los recortes, sino la moderación del gasto», señaló el titular de Hacienda. Hay que tener en cuenta que esta reducción está relacionada en parte por el menor peso de los intereses de la deuda pública (un 2% en 2018) y la disminución de las prestaciones por desempleo (-3,4%) por la caída del paro.