La Fiscalía alemana respalda al juez Llarena y pide la entrega de Puigdemont por rebelión
El Ministerio Público defenderá la tesis de que el expresidente pudo cometer alta traición y pide al tribunal que siga detenido.
La primera fiscal de Schleswig, Wiebke Hoffelner, atiende a los periodistas en la Fiscalía.
Malas noticias para Carles Puigdemont. La Fiscalía General del estado alemán de Schleswig-Holstein, donde fue detenido el expresidente de la Generalitat el 25 de marzo después de activarse la orden europea de detención y entrega (OEDE), reclamó ayer a la Audiencia Territorial del ‘land’ del norte del país que tramite su extradición a España por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
La decisión del Ministerio Público supone un espaldarazo a la tramitación de la euroorden por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ve como la acusación pública alemana defenderá su tesis sobre los tipos delictivos en la vista que decidirá la entrega de Puigdemont. Del mismo modo, la Fiscalía General del estado federado apoyó que el actual diputado de Junts per Catalunya permanezca bajo arresto en la cárcel de Neumünster hasta que se celebre la audiencia al considerar que existe «riesgo de fuga», según manifestó la fiscal jefe Wiebke Hoffelner, integrante del equipo que ha analizado la documentación judicial remitida por Llarena.
Será ahora la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein quien decida si admite a trámite esa petición de extradición y, eventualmente, si se modifican las medidas cautelares sobre Puigdemont, según explicó ayer el portavoz de ese tribunal Jens Bahr. Esta resolución se podría conocer «en unos pocos días».
En lo que respecta a la ejecución de la euroorden en sí misma, de si se procede a la extradición o no y por qué delitos, Bahr declinó hacer «cualquier tipo de pronóstico» dada la «complejidad del caso» y también la posibilidad de que se requiera documentación adicional. Del mismo modo, a este tribunal corresponderá escuchar a Puigdemont, que ya prestó declaración ante el juez de primera instancia, pero no ante la Fiscalía, así como las alegaciones de su defensa.
En un comunicado, la Fiscalía General del estado federado justificó que «la acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos» y añadió que el delito que atribuye el juez Llarena a Puigdemont en su auto de procesamiento puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán.
«No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles», subrayó la nota, que destacó que el procesado en rebeldía desde principios de noviembre mantuvo esa consulta del 1 de octubre a pesar de las advertencias de los Mossos d’Esquadra de que, tras los altercados del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona, «podía esperarse» una escalada de la violencia en la jornada del referéndum. El entonces presidente, además, «comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el 1-O» tras una reunión con la cúpula de los Mossos que tuvo lugar el 28 de septiembre.
En el caso de las acusaciones de malversación de caudales públicos para llevar a cabo el referéndum ilegal, continúa la Fiscalía alemana, también se corresponden con el delito de malversación recogido en el Código Penal nacional. Por lo tanto, en los dos casos se cumpliría el principio de doble tipicidad del delito para consumarse la OEDE. En dicho referéndum, según abunda el escrito, hubo un gasto de dinero público superior a los 1,6 millones de euros.
El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, el mismo que trató de desviar la atención pública sobre el paradero de su cliente antes de ser detenido en un área de servicio de la autopista A-7, en la localidad de Schuby, aseguró ayer que esperaba la decisión de la Fiscalía de pedir la entrega del expresidente -«era una noticia esperada y entraba dentro de la lógica: lo que hubiera sido excepcional es lo contrario», dijo-, aunque confió en que el tribunal alemán la acabe «tumbando».
El abogado también destacó que la decisión definitiva podría dilatarse entre dos y tres meses, si bien se trata de un «caso excepcional por su relevancia, el componente político y la vulneración de derechos fundamentales que se han producido en el país de origen».