Una petición del PP aplaza el testimonio de Chaves y Griñán
Los expresidentes andaluces no declararán al menos hasta el lunes en el juicio de los ERE.
El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández. PEPO HERRERA
cecilia cuerdo | sevilla
Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves tendrán que esperar hasta la próxima semana para poder explicar al juez de la pieza política de los ERE lo que sabían acerca del sistema implantado en la Junta para dar ayudas a empresas en crisis de una manera discrecional y arbitraria. El magistrado aceptó la petición del Partido Popular, que ejerce de acusación particular, para que previamente se lea íntegra la declaración durante la instrucción de la juez Alaya de quien fue consejero de Empleo, Antonio Fernández, a fin de poder contrastarla con su actual versión.
La declaración de Fernández, que se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, se prolongó durante cuatro días en abril de 2012, y concluyó con su ingreso en prisión provisional durante cuatro meses. Ahora se ha negado a ratificar ese testimonio al entender que no se ajusta con rigor a lo declarado, como ha ocurrido con otros acusados que ya en su momento cuestionaron los interrogatorios de Alaya. Y como Fernández no contestará a las preguntas que formule el PP, este partido ha hecho suyas las preguntas de la juez instructora y ha reclamado que se oiga íntegra la declaración del exconsejero para así poder comparar ambas versiones. Después será el momento de las preguntas de su defensa.
De esta manera, no será como mínimo hasta el próximo lunes cuando llegue el turno de los expresidentes Chaves, para quien se piden 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y Griñán, que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos por no haber frenado un sistema considerado ilegal y a través del cual se repartieron 855 millones de dinero público sin apenas control.
Ambos ex jefes del Ejecutivo regional esgrimieron en la fase de instrucción no haber conocido el procedimiento concreto que se empleaba para el pago de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis porque sus subordinados no les informaron, señalando directamente al Interventor general de la Junta por no avisar de esas supuestas irregularidades.
Asimismo, tanto Chaves como Griñán insistieron en que las ayudas se concedieron siempre con informes favorables. Antonio Fernández negó el lunes haber recibido órdenes de ningún alto cargo de la Junta de Andalucía para dar ayudas a algún conflicto laboral en su territorio de origen.