Quién es quién en el 'caso Cifuentes'

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

Poniendo distancia con Esperanza Aguirre, y presentándose como una bocanada de aire limpio, en  las autonómicas de 2015 salvó los muebles a un PP madrileño muy tocado por los escándalos de corrupción. Al comienzo del escándalo por su máster, intentó que pasara como la venganza de un búnker corrupto de su propio partido, al que cantó un mensaje en un famoso vídeo para las redes sociales: "No me voy, me quedo".

 

Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Catedrátio e ingeniero de Telecomunicaciones. Siempre le han considerado un continuador designado por su predecesor, Fernando Suárez Bilbao, y por el clan académico próximo al PP que este lideraba, y al que pertenece Álvarez Conde. Al comienzo del escándalo cerró filas con él y con Cifuentes. Pero, tras abrir diligencias la Fiscalía, ha retirado su mano del fuego. Hoy está dispuesto, incluso, a querellarse con profesores de su antigua tribu.

 

Enrique Álvarez Conde, director del máster

Catedrático de Derecho Constitucional. En 2005 fundó el Instituto de Derecho Público, ente autónomo con el que captaba fondos para la Universidad con todo tipo de cursos, no solo de Derecho Autonómico, como el de Cifuentes; también algunos de disciplinas tan ajenas como la 'Terapia Sexual y de Pareja'. Siempre ha presidido ese ente, concurriendo en solitario en las elecciones. Gobernando Aznar, dirigió el Instituto Nacional de Administración Pública. Mariano Rajoy era su ministro.

 

Alicia López de los Mozos, profesora

Especialista en Derecho Constitucional, fue alumna predilecta de Álvarez Conde, y supuesta presidenta del tribunal que tuvo que evaluar un trabajo final de máster de Cifuentes. También fue la primera en admitir al rector, por escrito, que su firma en el acta de evaluación es falsa.

 

Clara Souto

Pupila de Álvarez Conde. Enseñaba Derecho Público en la URJC hasta que, recientemente, ha pedido una baja. El 6 de abril admitió que su firma, estampada en el acta de evaluación de Cifuentes, es falsa.

 

Cecilia Rosado, coordinadora del máster

Profesora contratada de la URJC, secretaria del tribunal que supuestamente evaluó a Cifuentes. A la policía le ha dicho que guarda una grabación en la que se oiría a su antiguo mentor, Álvarez Conde, presionándola para que firme en falso.

 

Laura Nuño, ex subdirectora del Instituto de Derecho Público

Una de las mejores cabezas del feminismo español y del disperso think tank de la izquierda madrileña. Directora del área de Género en la URJC, ha sido mano derecha de Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público hasta que, el pasado 10 de abril, dimitió diciéndose "engañada" por el catedrático. Al día siguiente contó públicamente que no reconoce su firma en varias actas de convalidación de asignaturas a Cifuentes.

 

Amalia Calonge, funcionaria de la URJC

En las calificaciones de Cifuentes, lo que en 2012 era un "no presentado" se convirtió en "notable" en 2014 por la mano de esta directiva del vicerrectorado. Y eso le ha costado un expediente disciplinario, pese a que ella ha declarado que, si cambió las notas, fue porque así se lo indicaron los profesores por correo electrónico.

 

Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho

Dirige el área de Ciencia Jurídica de la URJC. Es el profesor que, supuestamente, ordenó cambiar notas de Cifuentes en 2014. En la ciudad de Pozuelo, bastión del PP madrileño, preside el Tribunal Económico-Administrativo Municipal.

 

Fernando Suárez Bilbao, exrector

Catedrático de Historia del Derecho, hijo del historiador franquista Luis Suárez, hasta ahora el escándalo más sonado de la Universidad Rey Juan Carlos llevaba su nombre. El predecesor del actual rector tuvo que dimitir en febrero de 2017 por un escandaloso caso de plagio. Fue la mano derecha del rector Pedro González-Trevijano, bajo cuyo mandato se matriculó y obtuvo su máster Cristina Cifuentes.

 

Margarita Rossignoli, fiscal jefa de Móstoles

Seis de sus 25 años de carrera los ha pasado en la ciudad, a la que llegó desde un destino en las rías bajas. Es experta en delitos de tráfico, pero es un caso de supuestos cohecho y falsedad en documento el que la ha metido en la tormenta política madrileña. La Fiscalía provincial de Madrid, apreciando los indicios de delito que le señalaba el escrito de unos estudiantes, le ordenó abrir diligencias el pasado 5 de abril. Al día siguiente, el rector le entregó la documentación que obraba en poder de la URJC. La pasada semana, policías enviados por ella empezaron a interrogar en el campus.