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León

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Si hubo desvío de fondos para costear el referéndum, será el juez Pablo Llarena quien lo aclare. El Gobierno derivó ayer al Tribunal Supremo la tarea de verificar los datos del Ministerio de Hacienda, en los que no consta que se dedicara «ningún euro» público a financiar el 1 de octubre. Iñigo Méndez de Vigo no cerró, en todo caso, la puerta a que los independentistas hayan podido sortear el control del Ejecutivo y cometer un delito de malversación. «Habrá que ver la verosimilitud de la información contable y su calificación jurídica», se limitó a responder el portavoz tras el Consejo de Ministros. Hace dos días que el Gobierno trata de sostener la versión de Cristóbal Montoro sin desacreditar la instrucción del juez.