Siete años de proceso de paz que fueron una agonía para ETA

antonio santos | bilbao

ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada». Jueves, 20 de octubre de 2011. Siete de la tarde. La banda pone fin con esa escueta frase —en un comunicado de poco más de medio folio— a cincuenta años de violencia terrorista. Lo hace tres días después de la ‘Declaración de Aiete’ en la que participan exdirigentes mundiales como Kofi Annan, Jonathan Powell o Bertie Ahern. Desde esa declaración hasta la que se dará a conocer dentro de dos semanas —el viernes 4 de mayo en una pequeña localidad cercana a Bayona— han transcurrido siete años de lenta agonía en los que la banda se ha resistido a decir adiós y pasar a la negra historia de Euskadi. Las reticencias de la cúpula etarra a dar pasos unilaterales y el deseo, sin éxito alguno, de entablar negociaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy han dilatado un proceso de defunción que ha perjudicado, sobre todo, a la izquierda abertzale y a los presos de ETA.

Tras la declaración de Aiete

De espera en Noruega Realizado el anuncio del fin de la violencia, la dirección de una mermada ETA se sienta en Noruega a la espera de que emisarios del Gobierno español acepten entablar conversaciones para resolver lo que la banda califica de «consecuencias del conflicto». Expresión esta con la que la organización alude a las víctimas, los presos y los terroristas aúnen activo y en la clandestinidad. Según el relato de uno de los dirigentes etarras que aguardaba en el país escandinavo, David Pla —los otros dos eran Iratxe Sorzabal y Josu ‘Ternera’—, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido a entablar conversaciones tras el «cese definitivo de la actividad armada».

Pero ningún emisario del Gobierno se puso al otro lado de la mesa en Noruega. Mariano Rajoy alcanza La Moncloa en diciembre, dos meses después de Aiete. Con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, cierra la puerta a cualquier tipo de contacto con la banda. La banda había desaprovechado siete años de Gobierno de un PSOE dispuesto a hablar. El tablero de juego había cambiado, pero la cúpula de ETA mantiene su plan. Sólo está dispuesta a desarmarse si el Gabinete de Rajoy acepta negociar la entrega de armas y la situación de los presos. Cansada del inmovilismo de la banda terrorista y a pesar de los llamamientos de la Comisión Internacional de Verificación, liderada por Ram Manikkalingam, para que la organización terrorista diera nuevos pasos, Noruega decide expulsar del país a Pla, Sorzabal y ‘Ternera’ en enero de 2013. Han pasado quince meses sin avances más allá de la sensación de libertad que se percibe en Euskadi.

Enero de 2013 Cambio de planes Expulsados ya de Noruega, ETA tiene que cambiar de planes. Pero se resiste a abandonar el esquema de negociación ‘armas por presos’. Aunque el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegure que sin desarme no se modificará la política penitenciaria. Una cerrazón por parte de la banda que comienza a poner nerviosa a la izquierda abertzale, que reconoce ya en privado que ETA se ha convertido en una «pesada mochila» para la actividad política de EH Bildu. Hasta el punto de que el por entonces presidente de Sortu, Hasier Arraiz, llega a pronunciarse en público a favor de «un desarme rápido».

El nerviosismo se extiende a la Comisión de Verificación que ve que su trabajo no avanza. El grupo de Manikkalingam asume que el desarme será una cuestión «de años» y que se realizará «poco a poco». Es entonces cuando estos mediadores con sede en Amsterdam aceptan grabar un vídeo en Burdeos en el que ETA aseguraba deshacerse de unas pocas armas antiguas. La grabación se vuelve contra la banda, ante las pocas garantías de que el material haya sido inutilizado y por tratarse de una mínima porción de su arsenal. Es febrero de 2014. Han pasado ya más de dos años. La Audiencia Nacional llama a declarar a los verificadores tras presentar el vídeo en Bilbao. Se les acusa de presunta colaboración con banda terrorista.

Quema de autobuses en 2014

El miedo a la disidencia La ausencia de movimientos con los presos empieza a engordar el discurso de la disidencia de Sortu, aquellos sectores críticos con el abandono de la violencia. Movimientos como Ibil y ATA cuestionan la estrategia de la izquierda abertzale. Aumenta el temor a una escisión. A la aparición en Euskadi de algo así como el IRA auténtico. En agosto y septiembre de 2014 grupos de radicales queman ocho autobuses en dos acciones de kale borroka en Leioa y Bilbao. Sortu y ETA quedan paralizadas a la espera de solventar sus problemas internos en mayo de 2016 se presenta Askatasunaren bidea, una plataforma que asegura querer convertirse en un partido que pugne con Sortu. Pasan meses hasta que la izquierda abertzale consigue neutralizar esa posibilidad. Aunque la disidencia prosigue, de forma muy minoritaria. Ayer, por ejemplo, Jon Iurrebaso Atutxa, ex preso que ejerció de negociador con el Gobierno de Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2007, criticó el comunicado de ETA del viernes al considerar que la organización terrorista «se ha entregado política, ética y estéticamente», además de «condicionar y pretender mutilar a futuras generaciones de luchadores.