El juez del voto particular estudia acciones legales contra Catalá

El magistrado Ricardo Javier González, integrante de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Navarra y autor del voto particular discrepante en la sentencia contra La Manada, no es ajeno a la polémica que han suscitado las referencias a su persona realizadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Lejos de restarle importancia, el juez estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra Catalá para defender su honorabilidad, según han señalado fuentes jurídicas, después de que éste dijera el lunes en una entrevista radiofónica que González «tiene algún problema singular» que «todos» saben y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «debería haber actuado preventivamente» contra él.

El eco de las palabras del ministro en la cadena Cope llegaron este lunes al despacho del magistrado que votó a favor de la absolución de los cinco condenados por un delito continuado de abuso sexual. La perplejidad con la que González recibió tales afirmaciones por parte de Catalá le ha llevado a plantearse la presentación de una denuncia por un delito de injurias y/o calumnias (imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad), que en caso de consumarse sería registrada en el Tribunal Supremo al dirigirse contra un aforado nacional y cuya competencia le pertenece a la Sala Segunda (de lo Penal).

El magistrado, nacido en Madrid en 1960 y que ingresó en la Audiencia Provincial de Navarra en 2001, recibió el lunes el respaldo del CGPJ, a través de la Comisión Permanente presidida por Carlos Lesmes, y de forma indirecta por todas las asociaciones judiciales y fiscales de la carrera profesional. En un comunicado inédito, denunciaron el ataque personal de Catalá y exigieron su dimisión por crear «una confusión intencionada de intereses electorales».

Sin embargo, el ministro de Justicia se reafirmó en sus palabras y en una entrevista a El País dijo que ante el debate que se ha producido tras la sentencia de La Manada no debe ser «ciego, sordo y mudo», e insistió en que su obligación es «alertar» de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el CGPJ actúe.

«Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles, pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros», recalca Catalá.

«¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo», insistió el ministro, que añadió: «¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho? El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia», dijo.

Sin embargo, su alusión directa a los «problemas» del juez González ha provocado la indignación de la judicatura. Ayer fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galvé, quien respondió al ministro asegurando que González es «una persona absolutamente normal, un buen juez» y afirmando que «en absoluto» conoce que el magistrado tenga algún problema.