El fiscal de Bélgica rechaza la entrega a España de Comín, Puig y Serret

La fiscalía belga ha pedido este miércoles a la Cámara del Consejo -o tribunal de primera instancia- en Bruselas que se rechace la petición de entrega a España de los exconsellers huídos Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.

En la vista aplazada que se celebra este miércoles en Bélgica sobre la euroorden de detención emitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los exconsellers, el ministerio público ha adoptado esa postura después de apreciar errores de bulto y defectos de forma en la correspondencia que ha mantenido con el juez español.

"Debe ser una errata" 

Tras recibir la euroorden de Llarena, el fiscal belga advirtió del primer error. En la documentación enviada contra Comín, Puig y Serret no figura ninguna orden de detención nacional, para el territorio español. La directiva del Consejo Europeo que regula la Euroorden establece que, si la justicia de un país quiere reclamar a un ciudadano, debe haber emitido antes en su propio territorio sentencia inculpatoria u orden de detención.

El fiscal pidió explicaciones a Llarena: "¿Cuál es la reclamación en que se sustenta?". El magistrado español, según un informe de la fiscalía belga, contestó que era su auto de procesamiento.

Contra los exconsellers que se fueron de España, así como contra Puigdemont, hay orden de detención local, vigente en territorio español, pero emitida por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

En su contestación, en la casilla de fecha, Llarena escribió en su respuesta: "21/11/18", una fecha que aún pertenece al futuro. El fiscal belga entiende en su informe: "Debe ser una errata". Llarena dictó su auto de procesamiento el 21 de marzo de 2018.

El precedente del camionero

La defensa de los exconsellers huídos a Bélgica ha hecho valer ante la justicia belga un precedente recogido en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ratifica la necesidad de una orden previa de detención local para poder hacer efectiva una orden de detención europea.

Se trata del caso de un camionero rumano, Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en su país y reclamado por la justicia húngara. Rumanía denegó su extradición en 2015 y el TJUE le dio la razón el 1 de junio de 2016.

El 27 de noviembre de 2013, circulando a más velocidad de la permitida, Bob-Dogi atropelló con su camión e hirió gravemente a un motorista en una carretera de Hungría. Los tribunales de aquel país emitieron una euroorden de detención, que fue ejecutada por la policía rumana en Cluj el 2 de abril de 2015. Pero el Tribunal Superior de Cluj se negó  a entregarlo por el defecto de forma de que no hubiera una orden de detención previa en Hungría.

Los tribunales húngaros recurrieron al TJUE, que falló: "Cuando una orden de detención europea (…) no menciona la existencia de una orden de detención nacional, la autoridad judicial de ejecución no podrá darle curso si (…) dicha autoridad comprueba que la orden de detención europea no es válida por haber sido emitida sin que se huiera dictado efectivamente una orden de detención nacional distinta de la orden de detención europea".

Ahora, a Alemania

Tras este revés para la justicia española, los abogados de Carles Puigdemont harán valer también el precedente Bob-Dogi ante el tribunal del estado alemán de Schleswig-Holstein que examina las acusaciones contra el expresident de la Generalitat por malversación y sedición.

Los abogados utilizarán la decisión de Bélgica y algunos informes del Ministerio de Hacienda español que niegan que esté probado el uso ilegal de caudales públicos para el 1-O.

El juez español envió la semana pasada nuevos informes de Hacienda que sí sustentarían la acusación de malversación. Antes, había hecho llegar a Alemania una entrevista concedida por el ministro Cristóbal Montoro al diario El Mundo en la que desmentía ese delito.