Los presupuestos condicionan el futuro del 155

El Gobierno planea tomarse su tiempo antes de adoptar una decisión definitiva sobre qué hacer en Catalunya. Mariano Rajoy ha acordado con Pedro Sánchez y Albert Rivera mantener de momento el control sobre la Generalitat como respuesta a la voluntad de Quim Torra de nombrar 'consellers' a políticos presos y huidos. Pero es probable que el desenlace no se conozca hasta después del miércoles, cuando el Congreso acoge la última votación sobre los presupuestos generales del Estado (PGE).

El Ejecutivo central ha decidido aprovechar que, gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la publicación de los decretos en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) está en manos de Soraya Sáenz de Santamaría para bloquear el desafío de Torra. En La Moncloa se interpreta como una "provocación" que el 'president' pretenda que Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig estén en su nuevo Govern, y el silencio del DOGC es la primera respuesta a la situación: si no se publican los decretos, no son oficiales.

La Moncloa envió el mismo sábado una carta a Víctor Cullell, secretario del Govern, para informar de que el DOGC publicará el decreto que especifica la estructura del nuevo Ejecutivo catalán, pero no el que recoge el nombramiento de sus miembros. Lo hace "atendiendo a las circunstancias que concurren" en Rull, Turull, Comín y Puig -los dos primeros encarcelados y los dos segundos desplazados a Bélgica-, y a "las competencias a ellos atribuidas".

La versión oficial es que los juristas del Gobierno necesitan su tiempo para analizar si esas designaciones cumplen con todos los requisitos legales que, a priori, deberían tener aquellos que van a tener en sus manos una responsabilidad pública tan relevante. De entrada, el equipo de Rajoy cree que no es posible cumplir con dichas responsabilidades desde la cárcel o desde el extranjero. Es una opinión que comparten PSOE y Ciudadanos.

 

Entre el PNV y Ciudadanos

Pero lo cierto es que al Gobierno del PP le interesa además sobremanera ganarle horas al reloj, como sea, hasta el miércoles por la noche para dar una respuesta definitiva sobre este asunto: será entonces cuando se produzca la última votación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso (después pasan al Senado, pero ahí los populares tienen mayoría  absoluta) y necesitan los votos del PNV.

Por eso el discurso de Moncloa y del PP ahora y en las próximas horas será que no se ha tomado una decisión definitiva sobre qué hacer con el 155, que simplemente sigue vivo como hasta ahora porque al no haber un Govern nombrado sin dudas legales y por tanto publicado en el DOGC, todo sigue igual. Según lo aprobado en el Senado en octubre, ese es un requisito indispensable para que decaiga la intervención de la Generalitat.

 

Los populares creen que ese discurso, que traslada la responsabilidad de que se mantenga el 155 a Torra, puede bastar para que el PNV pueda convencer mañana lunes a su ejecutiva de votar 'sí' a los PGE frente a las presiones de EH Bildu. La pasada semana los nacionalistas pactaron varias enmiendas parciales que suponen una inversión adicional de 70 millones de euros en el País Vasco hasta el 2020, que habría que sumar a los más de 500 millones que ya contemplaba el proyecto inicial. La aprobación de los presupuestos daría a Rajoy dos años de estabilidad, porque las cuentas para este ejercicio serían prorrogables 12 meses más si fuera necesario.

 

El presidente del Gobierno necesita para ello mantener el delicado equilibro entre las exigencias del PNV y las de Ciudadanos, los dos partidos con los que cuenta para aprobar los presupuestos. El partido de Albert Rivera ha anunciado que dará apoyo a las cuentas "por sentido de Estado", pero seguirá presionando en las próximas horas al presidente para que diga cuanto antes si estima que la actuación de Torra merece o no forzar una prórroga a medio o largo plazo del 155, como quiere Ciudadanos.

Pugna entre "ultras"

Rajoy decidió mantener por ahora el 155 tras hablar por teléfono con Sánchez y Rivera. El líder de Ciudadanos reiteró en esa charla que en su opinión la intervención debería extenderse a ámbitos como los Mossos d'Esquadra, los medios de comunicación públicos o la acción internacional del Govern.

Los partidos independentistas reaccionaron con dureza. Después de que Torra dijera, antes de conocer que no se levantará el 155, que la restitución de los 'exconsellers' es "esencial", tanto JxCat como ERC cargaron contra el PP, el PSOE y Cs, que ven en una pugna "para ver quién es más ultra". Lo hicieron también Rull y Turull, que a través de Twitter calificaron de "ejercicio de prevaricación" la decisión. "Tenemos todo el derecho a ejercer de 'consellers' en libertad", dijo el extitular de Territori. Desde la Generalitat consideran que la publicación en el DOGC de los decretos es "un acto debido y reglado", y que no está en manos de Rajoy impedirla.