Imputan al ‘número dos’ de Hacienda por malversación
Un juzgado llama a declarar a Fernández de Moya por la firma de contratos irregulares.
cecilia cuerdo | sevilla
Un juzgado de Jaén ha citado a declarar el próximo 5 de junio al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, como investigado (la antigua imputación) por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en relación a las irregularidades en la contratación de una empresa de mantenimiento en su época como alcalde. Aunque el número 2 de Cristobal Montoro se defiende asegurando que ya se archivó una denuncia similar en 2014 al constatar la legalidad de su actuación, los grupos de la oposición piden su «cese fulminante».
La investigación se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Jaén a finales de 2017. En este tiempo, el juzgado ha recabado información del consistorio, de la Agencia Tributaria e incluso un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Guardia Civil. Junto al exalcalde se investiga a una concejala, un técnico municipal y un miembro de MatinsReg, la empresa bajo sospecha y con sede en Zamora. Asimismo, se está tomando declaración como testigos a otros cargos del ayuntamiento.
Las pesquisas se centran en los pagos realizados por el ayuntamiento de Jaén entre 2012 y 2014 a MatinsReg pese a los informes y reparos de legalidad del interventor municipal. La empresa fue la adjudicataria de las tareas de mantenimiento de las fuentes ornamentales, alumbrado y semáforos de la ciudad, y según denunció el PSOE, se hicieron contratos fraccionados para «vulnerar la ley» y poder adjudicarlos «a dedo». Asimismo, la empresa habría presentado supuestamente facturas infladas y por servicios no realizados, dado que eran inasumibles por el personal con el que contaba.
Todo ello, según aseguró ayer mismo el secretario provincial del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, supuso un quebranto para el Consistorio superior a los 3.6 millones de euros.
Los socialistas insisten en que Fernández de Moya debe irse de forma inmediata y dejar su cargo porque su continuidad pone en cuestión la credibilidad de los Presupuestos generales del Estado. «¿Qué va a ser lo siguiente, poner a El Dioni al frente de las cuentas públicas?», ironizaron en el Senado.