Sánchez quiere derogar la ‘ley mordaza’ como el primer gesto del Gobierno

melchor sáinz pardo | madrid

Pedro Sánchez en su discurso durante la moción de censura se marcó como una de las primeras prioridades de su acción de Gobierno la derogación de la llamada ‘ley mordaza’, una de las normas que mayor contestación social tiene. Sin embargo, el derribo de la cuestionada Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 —aprobada a la sombra de la mayoría absoluta del Partido Popular— ya empezó a desmontarse hace un año en el Congreso de los Diputados. Es más, si la controvertida ley no está ya derogada es porque el PSOE y el PNV presentaron iniciativas diferentes que todavía, ocho meses después, no han sido capaces de consensuar. Sánchez no necesitaba llegar a la Moncloa pare acabar con la ‘ley mordaza’.

Desde el comienzo de la actual legislatura, el frente parlamentario contra la normativa que apadrinó el exministro Jorge Fernández componía una mayoría absoluta más que suficiente para dejar en papel mojado la ley que penaliza algunas prácticas de los derechos de reunión o manifestación. Tanto socialistas como nacionalistas vascos rectificaron el texto. Lo hicieron cada uno por su parte y sin conversaciones previas para coordinarse.

Vuelta a la Ley Corcuera

En septiembre del año pasado, el PSOE registró una propuesta para derogar por completo el texto y recuperar de forma transitoria la vigencia de la llamada ‘Ley Corcuera’ de 1992, conocida como la ‘ley de la patada en la puerta’. El PNV no fue ni mucho menos tan lejos como el partido que ahora se ha aupado al Gobierno. Presentó un texto mucho más ‘light’ de reforma, hasta el punto de que hasta el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró favorable a usarlo como punto de partida para del debate. Pero todos aquellos intentos de acabar con la supuesta ley más restrictiva del Gobierno del PP quedaron en aguas de borrajas por el olvido de los propios partidos que habían propuesto de su derogación o su reforma. A día de hoy, la Comisión de Interior que tenía que redactar la modificación de esa ley sigue enfangada en cómo tramitar dos proposiciones, la del PSOE y la del PNV, que son parecidas, pero no iguales.

Los letrados, tras ocho meses de estudios, siguen sin saber cómo casar una propuesta de derogación con otra de reforma profunda, pero manteniendo el texto del PP como base. Al final, la reforma, bloqueada. PSOE y PNV han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los últimos meses, a pesar de que ambos admite sin ambages que sus propuestas no aspiran «per se» a convertirse en la nueva ley, sino solo en punto de partida para el debate.

Los socialistas apuestan por cubrir la vacatio legis entre la derogación de la actual norma y la aprobación de la futura con la reactivación momentánea de la ‘ley Corcuera’, vigente hasta 2011. La proposición que el PSOE presentó el pasado 1 de diciembre propone enterrar la ley que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas en las cercanías de las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes; los registros en lugares públicos; o las «expulsiones en caliente» de los inmigrantes.

El PSOE presentó aquella proposición solo dos días después de que el Congreso, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, instara al Ejecutivo a derogar la Ley Orgánica. El acuerdo, sin embargo, no era vinculante y permitía al Gobierno desentenderse del emplazamiento parlamentario y no dar un solo paso para cambiar el texto. Entonces, los propios socialistas reconocíeron que la propuesta era solo un acicate para obligar a la reforma y que su texto solo aspiraba a ser una suerte de pistoletazo de salida.