El PP exige ahora la dimisión del nuevo ministro de Agricultura

paula de las heras | madrid

Ni un respiro. Solventada con la dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, la primera gran crisis en el gabinete de Pedro Sánchez, el PP se lanzó ayer con toda la artillería contra el jefe del Ejecutivo para exigir la destitución del titular de Agricultura, Luis Planas. El que fuera consejero andaluz en esa misma materia entre 2012 y 2013 está imputado por consentir, supuestamente, el uso indebido de agua de Doñana por parte de unos agricultores a los que el Ayuntamiento de Ayamonte había cedido el uso de unos terrenos previamente entregados por la Junta.

En este caso, sin embargo, la presión de la oposición es limitada. El delito contra el medio ambiente investigado por el juzgado de instrucción de Palma del Condado correspondería a un periodo comprendido entre 2009 y 2012 (Planas llegó al cargo en mayo de ese último año) y, según publicó el miércoles El País , en un escrito de diciembre la Fiscalía ya adelantó que no acusaría al hoy ministro por considerar que no existen indicios relevantes sobre su participación, por acción u omisión, en los hechos.

Pablo Iglesias, que el miércoles sí se apresuró a exigir que Màxim Huerta cesara como ministro, avanzó que esperará a conocer cuál es realmente el criterio de la Fiscalía y a escuchar las explicaciones del propio Planas. Ciudadanos, a través de su secretario general, José Manuel Villegas, apretó un poco más, pero dio un margen al Ejecutivo; exigió la comparecencia urgente del ministro en la Cámara baja e instó a Sánchez a salir de su «escondite». Sólo los populares elevaron el tiro y reclamaron no sólo la salida inmediata del ministro sino la dimisión del jefe del Ejecutivo.

El primer partido de la oposición desempolvó en su ofensiva unas declaraciones realizadas en 2015 por el secretario general del PSOE cuando presentó el código ético de su partido: «Si soy elegido presidente, no abriré los despachos ministeriales a imputados ni aprobaré amnistías fiscales».

«Pues lo ha hecho de par en par», recriminó el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Teodoro García Egea. En realidad, las palabras textuales de Sánchez en aquel acto fueron que no abriría los despachos a «delincuentes imputados», una pequeña trampa porque, para ser considerado delincuente, debe haberse demostrado el delito. En todo caso, ni la ley ni el código interno de los socialistas exige que se aparte del cargo a alguien por el mero hecho de estar siendo investigado por la justicia. La línea roja para la asunción de responsabilidades está en la apertura del juicio oral.

Planas se defendió ayer asegurando que ni él era «competente» ni tuvo conocimiento de que se estuviera produciendo un robo de agua en Doñana durante su etapa en la Junta. También el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, restó la mayor trascendencia al asunto. «No hay caso, no hay noticia, no hay indicio de delito», argumentó.

Petición de la fiscalía

La Fiscalía pedirá que se archive la causa contra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, investigado por un delito medioambiental durante su etapa de consejero de la Junta de Andalucía por unos pozos de agua ilegales en Doñana.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron ayer que el Ministerio Público, que es la única acusación, pedirá el archivo respecto a Planas. En la causa también están investigados varios agricultores y dos exalcaldes socialistas de Almonte (Huelva).

El juez ya ha dictado auto de procedimiento abreviado y ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre sus solicitudes de condena o absolución respecto a los investigados antes de abrir juicio oral a aquellos contra los que sí formule acusación la Fiscalía.

Planas ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa, abierta en 2016 en el Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva). La Fiscalía se ha opuesto a sus recursos, la última vez el 13 de diciembre de 2017, si bien ya anunciaba que no tenía previsto formular acusación contra él.