Sánchez y Urkullu marcan a Torra el camino

agencias | madrid / bilbao

Iñigo Urkullu abandonó ayer satisfecho el Palacio de la Moncloa, tras dos horas de reunión con Pedro Sánchez. El lehendakari apenas logró arrancar en su cita compromisos tangibles, pero el mero hecho de que el jefe del Ejecutivo se prestara a crear un grupo de trabajo «permanente» para «avanzar en el análisis y negociación» de las competencias del Estatuto de Guernica aún pendientes de transferir, es para él casi una pica en Flandes. Mariano Rajoy nunca se prestó a hacerlo, como no se prestó, al menos públicamente, a hablar del acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco.

Sánchez está dispuesto a hacer ambas cosas. Ni siquiera cierra la puerta, al menos inicialmente, a estudiar traspasos tan sensibles como el de las prisiones o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, tradicionalmente anatema tanto para el PP como para el PSOE. En su ánimo está, tal y como trasladaron fuentes oficiales, lanzar un mensaje de voluntad de diálogo no sólo al País Vasco sino a todas la comunidades. También, fundamentalmente, a Cataluña. «Hay una intención antiinflamatoria», adujeron ayer desde Moncloa.

El encuentro con Urkullu -que es, por protocolo, el primero en la ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos- tenía que marcar la pauta. El siguiente en la lista, el próximo 9 de julio (es decir, en quince días) será el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es impensable que su actitud se compadezca con la del lehendakari, que habló de establecer una relación de «confianza y lealtad», rechazó explícitamente la «ruptura» y apostó por un «constitucionalismo útil». Pero el Gobierno quería escenificar con él que hay una vía de entendimiento posible y extrapolable.

En el corto plazo, Urkullu se garantizó ayer dos gestos concretos. Quizá el más relevante es la retirada del recurso de inconstitucionalidad que Mariano Rajoy presentó contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales, aprobada en 2016 por el PNV y el PSE con la abstención de EH-Bildu y el voto en contra del PP. La norma buscaba reconocer e indemnizar a quienes entre 1978 y 1999 sufrieron violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sus familiares. En concreto, el Tribunal Constitucional mantiene suspendidos los preceptos que atribuían a una comisión extrajudicial la potestad de valorar quién adquiere la condición de víctima y los artículos que regulan la concesión de ayudas.

Según avanzó el lehendakari, habrá un próximo encuentro de los servicios jurídicos de ambos gobiernos para el «desestimiento» de este y otros recursos. Además, en julio se reunirá ya la Comisión Mixta de Transferencias para materializar el traspaso de la gestión de dos vías ferroviarias. Este segundo gesto es en realidad obligado porque fue el Constitucional el que el pasado mayo determinó que se trataba de una competencia autonómica.

El resto de asuntos tendrá que esperar. El propio Urkullu reconoció que ni siquiera se habían fijado calendarios de actuación ni para los traspasos de competencias pendientes ni para la «reorientación» de la política penitenciaria una vez disuelta ETA. Incluso aseguró que entiende la «cautela» esgrimida por Sánchez en relación al necesario respeto a las víctimas del terrorismo. Paradójicamente, el comunicado remitido desde la Moncloa tras el encuentro ni siquiera hace mención a este asunto, aunque el propio jefe del Ejecutivo ha admitido recientemente que el cambio de circunstancias requiere un cambio de políticas. Exactamente lo mismo que dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá hace unas semanas sobre el acercamiento de los presos del ‘procès’ a Cataluña una vez concluya la instrucción del juez.

El jefe del ejecutivo autonómico fue además muy prudente en lo que se refiere a la espinosa transferencia de los servicios de la Seguridad Social, vista con muy malos ojos por los veteranos del PSOE. No sólo dejó claro que en ningún caso se rompería el principio de caja única sino que admitió que, antes de dar pasos concretos, hay que darse «un tiempo» y abrir una «reflexión» tanto en el Pacto de Toledo como entre Gobiernos.

«Nueva etapa política»

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha asegurado que los Gobiernos de Sánchez y Urkullu «han abierto hoy (por ayer) una nueva etapa política que beneficiará al conjunto de la ciudadanía vasca».

En un comunicado, la dirigente del PSE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha opinado: «Estamos ante un nuevo tiempo que apunta en la buena dirección porque ya en sus primeros pasos está marcado por la voluntad de acuerdo y de entendimiento. Nuestro objetivo tiene que ser buscar siempre el beneficio de la ciudadanía vasca y los dos gobiernos lo han entendido».

Mendia, que el domingo mantuvo conversaciones tanto con Pedro Sánchez como con Iñigo Urkullu, espera que se pueda «dejar atrás la incomunicación que durante mucho tiempo ha marcado las relaciones entre las dos administraciones».