Los extranjeros tendrán sanidad gratis a los 90 días de residir en España
Los ‘sin papeles’ serán atendidos desde el día de su llegada si acreditan su «vulnerabilidad» .
alfonso torices | madrid
La propuesta de real decreto-ley que la ministra de Sanidad presentó ayer a sus homólogos autonómicos para recuperar la sanidad universal prevé que todos los residentes en España, nacionales o extranjeros, con permiso legal o sin él, tendrán derecho a una asistencia sanitaria pública y gratuita completa y «en igualdad de condiciones».
Es la fórmula de Carmen Montón para cambiar el real decreto que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 y que dejó a los inmigrantes ‘sin papeles’ sin derecho a la asistencia sanitaria pública, con la excepción de las embarazadas, los menores o de la atención hospitalaria de urgencias para los adultos. En definitiva, dijo la ministra al final del Consejo Interterritorial de Salud, se trata de volver a vincular el derecho a la asistencia sanitaria pública con el concepto de ciudadanía y residencia y de desligarlo de la cotización a la Seguridad Social, que fue lo que dejó fuera de la atención primaria hace seis años a los inmigrantes sin permiso de trabajo.
Sin embargo, el documento, que aún puede sufrir modificaciones en las próximas semanas, prevé incluir en el decreto una serie de «garantías» para compaginar que nadie que lo necesite se quede desatendido con que no se produzcan «abusos», según explicó Montón. La primera es que para que a un extranjero se le considere residente, y por lo tanto tenga acceso completo a la sanidad pública, deberá poder acreditar que vive en España desde hace más de 90 días.
La lógica es evitar que extranjeros -el visado turístico extracomunitario se concede por un máximo de tres meses- que cuentan con su propios seguros médicos públicos o privados traten de hacer un uso interesado de la sanidad gratuita española. No obstante, para que esta previsión no deje desatendidos a los ‘sin papeles’, el borrador también contempla que los inmigrantes puedan contar con atención sanitaria pública desde el día de su llegada a España siempre que un informe de los servicios sociales certifique su situación de «vulnerabilidad» y falta de recursos.