Puigdemont reclama despacho, coche oficial, escolta y un sueldo
Poco a poco, Carles Puigdemont se aleja de la primera línea del mando independentista. Tras asumir que no podría ser reelegido jefe del Ejecutivo autonómico, a pesar de que esa fue su promesa electoral, su siguiente paso ha sido admitir su condición de expresidente, a lo que se negaba hasta ahora por considerarse el presidente legítimo. El Gobierno catalán confirmó ayer que ha iniciado los trámites para concederle las prerrogativas que le corresponden como expresidente y que el propio Puigdemont ha reclamado, después de que renunciara a ellas en noviembre. Por ley, los expresidentes de la Generalitat tienen derecho -así es en el caso de Artur Mas y José Montilla, no en el de Jordi Pujol- a un despacho con tres empleados, coche oficial con chófer y servicios de seguridad, además de un sueldo que supone el 80% de su anterior salario como presidente durante cuatro años y una pensión vitalicia. Puigdemont no ha solicitado la prerrogativa salarial porque de momento cobra como diputado autonómico. La Generalitat dijo que «priorizará» la cuestión de los escoltas a través de los Mossos d’Esquadra después de que Puigdemont haya sufrido algún episodio en Berlín en el que ha sido increpado por la calle. Para el Ejecutivo catalán, el hecho de que el líder de JxCat resida en el extranjero no debe suponer ningún problema para que acceda a estos privilegios, a los que renunció en su día Jordi Pujol tras confesar que había ocultado durante décadas una fortuna en paraísos fiscales. Según el Gobierno catalán, la ley catalana del estatuto de los expresidentes no hace distinciones entre si la persona reside dentro o fuera de Cataluña.
Instalarse en Bruselas
Para la cuestión del despacho, la Generalitat está a la espera de que la justicia alemana resuelva la extradición o no a España para saber dónde fija su residencia. La intención de Puigdemont es instalarse en Bruselas, donde Quim Torra quiere que dirija el llamado Consejo para la República, desde donde pretende continuar con la internacionalización del proceso secesionista. Está por ver si aprovecharía la oficina que le habilite la Generalitat para este propósito o mantiene la casa de Waterloo. Desde la oposición, el PSC señaló que «quien no cumple con sus deberes de comparecer ante la justicia, está en falso para exigir sus derechos».