El secesionismo amenaza con volver al enfrentamiento con la justicia

La operación diálogo (segunda fase) chocó ayer con la decisión del juez Pablo Llarena de suspender a seis de los diputados procesados por rebelión ya que la CUP y JxCat amenazaron con desobedecer al juez y regresar a la vía del enfrentamiento con la justicia española. Desde el Gobierno catalán denunciaron que el auto del juez del Supremo pretende «alterar las mayorías» en el Parlamento catalán y supone «una nueva vulneración de los derechos de los diputados». «Hay un apartheid contra políticos escogidos democráticamente y que somos suspendidos de manera arbitraria», afirmó Carles Puigdemont, uno de los afectados por la medida decretada por Llarena. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, también denunció la voluntad del magistrado de «adulterar» el resultado del 21-D y señaló que la Mesa del Parlamento decidirá los próximos días cómo responde al juez.

Se esperan días movidos, ya que las posiciones en el independentismo son, como es habitual, divergentes. La más contundente fue la CUP. Los anticapitalistas llamaron abiertamente a la desobediencia.

JxCat también dejó la decisión de acatar o no en manos de lo que decida el pleno. Esquerra cargó contra el juez por «modificar la voluntad democrática escogida en las urnas».

Si la Mesa desobedece a Llarena, corre riesgos penales, aunque Roger Torrent ha evitado hasta la fecha cruzar esa línea roja.