La agresión de los manteros a un turista pone a Colau en un aprieto

La agresión sufrida por un turista estadounidense a manos de varios manteros el pasado miércoles en la plaza de Catalunya ha puesto al gobierno de Ada Colau en un aprieto considerable. Grupos de la oposición y representantes de sectores económicos –comerciantes, hoteleros, restauradores-, así como el Puerto de Barcelona han alertado sobre lo sucedido y han acusado a Colau, en menor o mayor medida, de propiciarlo por mantener una política de tolerancia con los vendedores ambulantes.

Hasta ahora, se habían dado episodios de violencia entre los manteros y miembros de cuerpos policiales, pero no constaban precedentes de ataques a turistas. El ayuntamiento ha reaccionado condenando los hechos y subrayando sus esfuerzos para solucionar lo que la segunda teniente de alcalde y alcaldesa accidental hasta el 13 de agosto, Laia Ortiz, califica de problema "multicausal", lo que traducido significa que también depende de otras administraciones: "Tenemos las competencias que tenemos". El consistorio esperará a conocer cómo avanza la investigación para decidir si se persona en la causa como acusación particular.

Reunión discreta de Colau y Buch

La teniente de alcalde señala a la Generalitat: "No puede ser que el 'conseller' nos niegue efectivos". Se refiere al titular de Interior, Miquel Buch, que en la junta de seguridad que celebró con Colau en junio le comunicó que no podía destinar a agentes de los Mossos a un dispositivo para controlar la venta ambulante similar al del verano del 2017, que resultó efectivo. La alcaldesa celebró otro encuentro en privado con el 'conseller' la semana pasada, del que no salieron concreciones relevantes.

Ortiz también señala al Estado: "El fenómeno de la venta ambulante también se da por la llegada de mercancía falsificada, y eso supera nuestras competencias". La policía portuaria y la Guardia Civil, dice, tendrían que evitar la llegada de los productos para impedir que lleguen a los vendedores.

La teniente de alcalde pide evitar el alarmismo por "un caso aislado": "No podemos generalizar ni culpar a todo un colectivo, tenemos que investigar los hechos". También califica la agresión de "violencia inaceptable". Según fuentes municipales, Ortiz intentó este viernes ponerse en contacto con el agredido, vía el consulado estadounidense, algo que no había logrado en las últimas horas.

Los manteros no condenan los hechos

Ortiz esgrime los planes de ocupación que el consistorio ha propiciado y que, subraya, han permitido que 130 manteros dejen de serlo y tengan otros empleos, así como las 70.000 sanciones impuestas por venta ilegal en el 2017. También recuerda que el consistorio sigue las recomendaciones de la mesa sobre la venta ilegal del Síndic de Greuges. Los propios vendedores, organizados en el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, no han condenado la agresión. Por lo menos así lo indican sus mensajes en redes sociales, denunciando racismo y criminalización, en un texto en el que aseguran que tiempo atrás un turista apuñaló a un mantero y nadie publicó lo sucedido. Consultado por este diario, el colectivo lo ha remitido a esos mensajes. A la vista de ello, la alcaldesa accidental insta a los manteros a "abrir una reflexión. Esto no se puede repetir en Barcelona".

La reacción de los grupos municipales ha sido rotunda. Por el PDECat, Jaume Ciurana, ha responsabilizado a la alcaldesa: "Colau está hundiendo Barcelona con su actuación como alcaldesa. No es política, es incompetencia y frivolidad". Un mensaje que no dista del presidente del grupo de ERC, Alfred Bosch: "Colau solo ha generado más conflictividad derivada del top manta".

El socialista Jaume Collboni ha exigido a la alcaldesa que convoque la junta local de seguridad: “Estamos ante un gobierno que no gobierna y Barcelona se le escapa de las manos otra vez. Que el gobierno reconozca su fracaso. Basta de cargar las culpas a los demás”. Por el PP, Alberto Fernández Díaz ha exigido el “desalojo exprés” de los manteros de las calles de la ciudad. “La permisividad de Colau es insostenible”, afirma la concejala de Ciutadans Carina Mejías.

Una zona "desbordada"

No menos rotunda es la reacción del Puerto de Barcelona. Porque el ayuntamiento no es el único que señala la responsabilidad de otras administraciones. La autoridad portuaria afirma que la presencia del top manta en la zona está "desbordada" y reclama, como mínimo, volver a la fórmula vigente hasta el 16 de agosto (antes del atentado), cuando el pacto con el ayuntamiento y la Generalitat posibilitaba contener la actividad en Joan de Borbó.

Fuentes portuarias subrayan que los Mossos apostados al inicio del paseo imponían un límite territorial y evitaban conflictividad. Pero el atentado, el 'procés' y el 155 hicieron que Interior desmantelase ese apoyo. En la misma medida, el Port, se queja del ayuntamiento, que "no ha asumido su parte del convenio" sobre la gestión territorial de todo ese frágil ámbito donde limitan territorio portuario (de uso ciudadano) y urbano.

La policía portuaria (con unos 150 efectivos que en tres turnos deben gestionar todo el puerto -cada vez más grandes, de la zona de carga a la de cruceros- es incapaz de asumir el control de la venta ilegal. De hecho, al Port Vell solo pueden destinar una docena de agentes.

Comerciantes y vecinos de la Barceloneta denuncian que algunos inmigrantes no se dedican a la venta sino a alertar a los manteros si se produce alguna redada y defenderlos si hay conflictos por el espacio público; otros, al lucrativo reparto del espacio público, y otros a distribuir el género desde vehículos si llega a faltar.

Los sectores económicos

El crecimiento de la actividad y la aparente impunidad de la venta ilegal ha espoleado el enfado de los sectores económicos, que responsabilizan al ayuntamiento por su tolerancia. Fermín Villar, presidente de la Plataforma de Afectados por el Top Manta, acusa a Colau de haber perdido "el control" del espacio público y le exige actuaciones inmediatas.

Entre otros, PIMEComerç ha exigido a la alcaldesa y al conseller Buch que condenen la agresión y acaben con la venta ambulante ilegal; el Gremi d’Hotels ha pedido que “el ayuntamiento actúe de una vez por todas” y ha alertado de la “imagen negativa” que se está proyectando al mundo. Y el Gremi de Restauració pide que Colau interrumpa sus vacaciones y convoque de urgencia el consejo de seguridad. "La multiplicación de situaciones de violencia protagonizadas por manteros hace que sea imposible hablar de hechos aislados", dicen fuentes del gremio.