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MEMORIA HISTÓRICA

Compromís pregunta al Gobierno si destina dinero público a la Guardia Mora y a la Asociación de Militares Españoles

El senador Mulet ha planteado la ilegalización de la AME

El senador de Compromís Carles Mulet, durante un pleno de la Cámara alta.

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EL PERIÓDICO
León

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El senador de Compromís Carles Mulet ha registrado este miércoles una serie de preguntas al Gobierno en las que inquiere "qué cantidad de dinero público" se ha destinado desde 2007 para pagar las pensiones de los miembros de la Guardia Mora de Franco y "qué ayudas públicas o subvenciones" se han concedido en el mismo período a la Asociación de Militares Españoles (AME), a la que considera "profranquista".

Respecto a la Guardia Mora, Compromís señala que algunos medios han publicado que en 2017 se destinaron 7,2 millones de euros de los Presupuestos para pagar pensiones a sus miembros, pide los datos concretos desde 2007 y pregunta "qué medidas va a adoptar el Gobierno para atajar esta situación".

En cuanto a la AME, Mulet recuerda que este mes divulgó un manifiesto, firmado por 180 de sus miembros, en su mayoría miltares retirados, que defiende la figura "militar de Franco", le llama "soldado de España" y dice que la habitual crítica a la represión de posguerra "esquiva la situación del momento en que acaecieron con el fin de criminalizar cualquier actitud por justa que fuera".

En tales circunstancias, Compromís puntualiza que la Ley de Memoria Histórica prevé una posible "retirada de

subvenciones o ayudas públicas" a entidades que hagan apologia del franquismo y pregunta por el montante total de las que ha recibido la AME desde 2007.

También pregunta si esta asociación ha presentado sus cuentas este año y "qué medidas va adoptar el Gobierno para retirar las ayudas" a la AME e incluso "promover la ilegalización" de esta entidad después de atentar contra la memoria democrática de España o al menos actuar contra alguno de ellos si se han extralimitado como militares.

Además, Mulet ha registrado otras preguntas del mismo tema. Indagará si el Gobierno, finalmente, va intentar "conseguir la nulidad de todas las sentencias dictadas por los ilegales tribunales franquistas" y cuántas peticiones y respuestas de reaparición y reconocimiento personal ha recibido y tramitado desde 2007, así como cuál es el alcance de dichos documentos.