El Gobierno cambia la ley para blindar la exhumación de los restos de Franco

A. Azpiroz | Madrid

Dos meses después de anunciar sus intenciones, el Gobierno socialista parece haber dado al fin con la fórmula jurídica para trasladar los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos. Lo hará mediante un decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica.

El objetivo es blindar la exhumación para que la familia del dictador no pueda bloquearla en los tribunales, ya que solo podrían recurrir la reforma 50 diputados o senadores y el Defensor del Pueblo. Cualquiera de estas posibilidades es del todo improbable. Se evitaría de este modo que se repita lo ocurrido con el general José Sanjurjo. Un juzgado de Pamplona avaló que se sepulte de nuevo al militar golpista en la cripta del Monumento a los Caídos de la capital navarra, de donde fue trasladado por orden del ayuntamiento. Según resumió ayer en la cadena Ser el ministro de Cultura, José Guirao, «parece ser que la fórmula más adecuada es un decreto ley que modifique puntualmente la Ley de Memoria Histórica para evitar que las demandas judiciales paralicen la medida».

Fuentes de la Moncloa avanzaron que el decreto ley se incluirá hoy miércoles en el orden del día del Consejo de Ministros del viernes, el primero tras el parón estival. No se espera que la reforma de la Ley de la Memoria Histórica sea de calado, pero sí suficiente para blindar la exhumación. El siguiente paso será la aprobación en el Congreso. En el Gobierno se tiene la absoluta confianza de que su iniciativa saldrá adelante, toda vez que el 11 de mayo de 2017 la Cámara Baja ya instó al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a trasladar los restos del dictador con 198 votos a favor y sin que se registrara ningún voto en contra.

El nuevo periodo de sesiones se abre a mediados de septiembre, por lo que Franco permanecerá en el monumento que ordenó levantar en la sierra madrileña al menos durante unas semanas más.

Oposición de los nietos

Pedro Sánchez adelantó en junio que la exhumación podría llevarse a cabo antes de vacaciones. No obstante, la oposición de la familia ha obligado al Ejecutivo a actuar con cautela y alargar más de lo que hubiera querido una promesa dirigida al electorado de izquierda que habría preferido cumplir en menor tiempo. La vicepresidenta Carmen Calvo no ha logrado alcanzar un acuerdo con los descendientes del dictador. No ha trascendido, siquiera, si estarían dispuestos a hacerse cargo de los restos para darles sepultura en otro lugar a su elección. Uno de los nietos, Francis Franco, valoró ayer la situación en declaraciones Europa Press. Según dijo, «las cosas se hicieron en su momento y ahora, cuando ya la gente que hizo la guerra y conoció lo que es eso se ha muerto, es oportunista y propagandístico el querer tomarse una revancha 42 años después, cuando no va a haber nadie que se oponga, obviamente, porque a nadie le importa esto, más que, parece ser, al Gobierno», dijo, antes de añadir que con el Ejecutivo «no hay nada que hablar» y que la familia tomará una decisión cuando corresponda.

La buena noticia para el Gobierno es la posición favorable de la Iglesia católica, quien sí podría bloquear el traslado si impide la entrada a la basílica del Valle de los Caídos, donde se encuentra ubicada la tumba de quien fuera jefe del Estado entre 1939 y 1975. El PP tampoco se opondrá a la exhumación siempre y cuando se «respete la legalidad», según adelantó este martes su vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra. «Lo que pedimos es que no busquemos en un tema de estas características constantemente convertirlo en un tema de enfrentamiento. Creo que hay que llevarlo con muchísima más normalidad», añadió la dirigente popular. En cualquier caso, Pablo Casado señaló desde Melilla que es preferible «mirar al futuro y a lo que tiene que pasar en España en los próximos 40 años y no en lo que ocurrió hace 40 años». «Reabrir viejas heridas no conduce a nada», zanjó el líder de los populares.