De Santiago Juárez se convierte en el primer dirigente popular en apoyar la exhumación de Franco: "Que lo saquen ya"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, pidió hoy, en relación a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos, “que por favor le saquen ya” para que “a partir de ahí el Gobierno hable de los problemas de los vivos, que es más importante”.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también consejero de la Presidencia se decantó, ante la polémica surgida por la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, por que el traslado de los restos del dictador se realice “lo antes posible y los lleven donde quieran o quiera su familia”.

En tal sentido, opinó que la exhumación se realice cuanto antes y después que se hable de los problemas que afectan a los ciudadanos, como la sanidad o las pensiones.

El Gobierno anunció su intención de aprobar este viernes en el Consejo de Ministros un decreto-ley para blindar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Expectación ante el decreto que el Gobierno aprueba hoy

De los casi 34.000 enterrados en el Valle de los Caídos, solo uno, Francisco Franco, está allí sin haber muerto en la Guerra Civil o en los actos de represión posteriores . Ese será uno de los argumentos que se recogerá en el decreto ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros para reformar la Ley de Memoria Histórica y permitir la exhumación del dictador . Se trata de una solución jurídica que blinda la decisión política de posteriores recursos judiciales de la familia u otros particulares y asociaciones contra el traslado del cadáver. Dos meses largos después del anuncio, el Gobierno de Pedro Sánchez dará mañana el primer paso para que los restos embalsamados de Franco abandone la cripta de la basílica del Valle de los Caídos, donde fue enterrado el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su fallecimiento. El Ejecutivo guarda con celo los detalles del decreto ley, y desde la Moncloa solo apuntan que el texto invocará una de la recomendaciones del consejo de expertos: "Que el Valle de los Caídos se convierta en un lugar de encuentro y de memoria para las víctimas de la Guerra Civil, y no para honrar a los 'caídos' de la cruzada. Un lugar de encuentro para las víctimas sea cual sea su ideología" . La presencia de los restos de Franco , a juicio de los expertos, obstaculiza la consecución de dicho objetivo.

La decisión de recurrir al decreto ley evitará los previsibles recursos de la fundación Francisco Franco, de los nietos del dictador o del prior de la basílica, enemigos declarados del traslado. Pero la fórmula escogida también cuenta con el rechazo del PP y de Ciudadanos porque la consideran innecesaria. Los populares pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional, cuentan con los 50 diputados requeridos, pero no parece probable que opten por esa vía. Entre los populares, además, la postura no es uniforme porque mientras el líder del partido, Pablo Casado , criticó hoy de nuevo la "irresponsabilidad" del Gobierno socialista por "reabrir heridas superadas", otros dirigentes prefieren pasar página. 

El decreto ley tiene que ser refrendado en 30 días por el Congreso y todo apunta a que así será porque no requiere la mayoría absoluta y el PSOE cuenta con el respaldo de Podemos, PNV, los independentistas catalanes, aunque Esquerra tiene algún reparo, y la mayoría del Grupo Mixto. Ciudadanos, que en su día apoyó en el Congreso la exhumación, dice ahora que quiere conocer el texto antes de fijar su postura, aunque advierte que si se limita al traslado de los restos del dictador no votará a favor y se abstendrá.

El PP se abstuvo en la votación del 11 de mayo de 2017, por la que la Cámara con 198 votos a favor y ninguno en contra instó al Gobierno a llevar a cabo el traslado, y ahora duda entre mantener esa postura o en rechazar el decreto.

Juicios franquistas

Todos aguardan a conocer la letra pequeña porque las incógnitas son más que las certezas sobre el texto. Por ejemplo, el PSOE está dispuesto a asumir que se anulen las sentencias de los juicios de la dictadura franquista contra los republicanos, pero en el Gobierno el silencio es absoluto. Esta abolición es una reivindicación histórica de los colectivos de víctimas de la dictadura y de formaciones, como Podemos o Esquerra, pero su aprobación podría abrir una catarata de conflictos en los tribunales. El exdiputado socialista y catedrático de Derecho Constitucional, Diego López Garrido, advirtió hoy que una medida de ese tipo vulneraría "el principio de seguridad jurídica". Aunque fueron unas sentencias "ilegítimas, aberrantes e inaceptables", preguntó, cuál sería el "criterio" jurídico para las anulaciones. Si se basan en "la ilegitimidad del régimen político" franquista, alertó, afectaría a "todas las sentencias", que son miles, y "colapsaría el sistema judicial".