La abstención de Cs deja vía libre al Gobierno para desenterrar a Franco

JUAN RUIZ SIERRA | MADRID

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que será aprobada por el Gobierno este viernes, ya tiene al centro-derecha en contra. Ni el PP ni Ciudadanos piensan apoyar la iniciativa socialista. Ambos partidos criticaron ayer la decisión del Ejecutivo. No tanto por el traslado del cadáver del dictador, aunque también, como por la vía elegida por Pedro Sánchez: un decreto ley, instrumento que requiere «extraordinaria y urgente necesidad» para su puesta en marcha. Ni los conservadores ni los naranjas consideran que el traslado del general golpista sea urgente y ambos se movilizaron frente a la exhumación. Sobre todo los primeros, que anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Aun así, el Gobierno tiene asegurada la convalidación del decreto en el Congreso, que previsiblemente tendrá lugar en septiembre. Ciudadanos se abstendrá. El PP aún no ha aclarado si votará en contra. Unidos Podemos apoyará la medida y el resto de aliados de Sánchez en la moción de censura que le llevó a la Moncloa basculan entre el respaldo y la abstención.

Aunque el Ejecutivo guarda silencio sobre la fórmula elegida para la salida de los restos de Franco, más allá de que se tratará de una escueta modificación de la ley de memoria histórica, fuentes de la Moncloa señalan que el decreto podría no mencionar al dictador. La reforma, explican, consistiría en una ampliación del artículo 16 de esta norma, donde se regula el Valle de los Caídos, que diría que no pueden estar allí enterrados quienes no murieron en la Guerra Civil ni fueron posteriormente represaliados.

Franco, a diferencia de José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange) y otros 33.833 combatientes de la contienda en ambos bandos que también están enterrados en el recinto, no cumple con ninguno de estos requisitos. Murió en 1975, de forma natural, octogenario y conservando la Jefatura del Estado. Su figura fue defendida hace 20 días por varios militares en la reserva, en un manifiesto que tachaba el traslado de su cadáver de «perversa pretensión», motivo por el que el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación.

Sin defender a Franco, el PP dejó claro su oposición a la iniciativa. La tumba del dictador, a su juicio, debe quedarse donde está, en la basílica del Valle de los Caídos. «¿Se cree [Sánchez] con mayor legitimidad para tomar decisiones que las que tomaron [Manuel] Fraga, [Adolfo] Suárez y [Santiago] Carrillo en su momento, creando paz, concordia y generando una Transición ejemplar en toda Europa?», se preguntó el secretario general de los conservadores, Teodoro García. El PP, anunció García, recurrirá ante el Constitucional la medida del Ejecutivo. «No compartimos la urgencia de algo que ocurrió hace 40 años», explicó el número dos del partido.

Los magistrados del alto constitucional podrían, llegado el caso, considerar que el uso del decreto ley no está aquí justificado, rechazando los argumentos de los socialistas. El Ejecutivo basa la urgencia en dos razones. La proposición no de ley que el Congreso aprobó hace más de un año, instando al Gobierno de Mariano Rajoy a desenterrar al dictador, una iniciativa que contó con 198 votos a favor (incluidos los de Ciudadanos) y las 140 abstenciones del PP y ERC, por motivos contrarios. Y las reiteradas reclamaciones que diversos organismos internacionales han trasladado a España para que exhume los restos de Franco.

ROJOS Y AZULES

Los naranjas también arremetieron contra la urgencia alegada por el Ejecutivo. Primero, su líder, Albert Rivera, dijo en Onda Cero que su partido no apoyaría la exhumación. «Hay un intento de volver a las batallas fratricidas de rojos y azules, que tango gustan al bipartidismo», señaló. Después, un portavoz de Ciudadanos aclaró que sus 32 diputados se abstendrían, al considerar que el Gobierno debería emplear esta iniciativa para convertir el Valle de los Caídos en un centro de «reconciliación». La transformación del recinto, explican fuentes socialistas, vendrá después, en los próximos meses, probablemente a través de un proyecto de ley que recuperará una iniciativa del PSOE que defiende convertirlo en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

«Cs nunca defrauda. Cada vez que tiene la oportunidad real de posicionarse políticamente lo hace más escorado a la derecha», dijo en Almería la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra. Rivera, concluyó Lastra, «hace mucho que perdió el centro y ahora también ha perdido el norte».

El uso del decreto, un instrumento al que Sánchez ha recurrido ya más veces que Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en el mismo periodo de tiempo, presenta dos ventajas para el Gobierno, que solo cuenta con el respaldo de los 84 diputados del PSOE. Por un lado, al tratarse de una ley, impide que la familia del dictador, contraria al traslado de su cuerpo, pueda acudir a los jueces. Se evita así que ocurra lo mismo que con el general golpista José Sanjurjo. Un tribunal de Pamplona ordenó a comienzos de julio la devolución de sus restos a la cripta donde estaba enterrado. Por otro, el decreto funciona en la forma todo o nada. Al no permitir enmiendas, la oposición solo puede apoyarlo, rechazarlo o abstenerse.