El Gobierno entra en la guerra de los lazos y estudia permitir las sanciones

efe | barcelona

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña tratarán la cuestión de las identificaciones y posibles multas que pretenden interponer los Mossos d’Escuadra a quienes retiren lazos amarillos de la vía pública en una Junta de Seguridad Ciudadana que se celebrará «en fechas próximas».

Así lo ha avanzado en Valencia la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, quien ha considerado que los Mossos «dan el paso -de identificar a estas personas- porque entienden que tienen la capacidad para hacerlo». Botella ha indicado que el Gobierno todavía no tiene «una información de carácter jurídico y legal para valorar si la actuación es correcta o no», pero ha asegurado que es una cuestión que se someterá a la Junta de Seguridad de Cataluña, que pretenden que se produzca lo más pronto posible.

Ha apelado a la «sensatez» dada «la sensibilidad del tema, el debate abierto y el respeto que todos debemos al uso del espacio público», y ha advertido de que este tipo de acciones —la colocación de lazos amarillos— «pueden despertar en otras personas que piensen diferente el interés de llenar el espacio público de otro tipo de símbolos».

Con ello se puede entrar «en una escalada inabarcable», ha añadido la secretaria de Estado, para quien en su opinión es necesario «entrar en un período de sensatez, analizar la situación, también desde el punto de visa legal, y ver la manera de reconducir la situación». «Es un momento en el que hay que poner orden y concierto porque el espacio público es un espacio de encuentro de todos los ciudadanos y todos tenemos derecho a utilizarlo en la misma medida», ha defendido.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de aportar «un poco de sensatez», y ha asegurado que en la relación que mantiene el Gobierno con los Mossos van a interesarse «desde todos los puntos de vista, también el legal, de que esa medida se pueda tomar». Sobre la carta remitida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Botella ha señalado que se trata de «una prueba más de la necesidad de que impere la sensatez» y ha manifestado que la Junta de Seguridad es «el espacio adecuado para que todos estos temas se puedan debatir ordenadamente».

Denuncia contra Interior

El presidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, José Domingo, ha presentado una denuncia contra la cúpula de la Consejería de Interior de la Generalitat por «persecución política» a los que retiran lazos amarillos y símbolos independentistas de la vía pública. Lo ha declarado a los periodistas ante la Fiscalía Superior de Cataluña junto al vicepresidente de su asociación Carlos Silva y tras registrar la denuncia contra el consejero Miquel Buch; el director de Mossos, Andreu Joan Martínez, y el comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius.

Domingo considera que, mientras se están levantando actas contra ciudadanos que retiran esta simbología —como ha sucedido con los 14 identificados en municipios de Tarragona—, no se apercibe a los que los colocan, lo que supone una actuación «claramente discriminatoria» por parte de Mossos.