El Gobierno pagará la defensa a Llarena en Bélgica si se cuestiona su instrucción del 1-O

El Ministerio de Justicia español está dispuesto a defender el sistema judicial y su soberanía en el procedimiento abierto en Bélgica por la demanda presentada por el 'expresident' Carles Puigdemont y los ex 'consellers' Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí contra el juez Pablo Llarena. Este jueves ha querido aclarar que no costeará la defensa jurídica del magistrado por sus "expresiones o manifestaciones privadas". Pero contratará a un bufete privado para defenderle si se cuestiona su instrucción en el juicio al 'procés'

La denuncia se basa en precisamente en unas declaraciones que Llarena hizo el pasado 23 de febrero en Oviedo, tras participar en una conferencia en la capital asturiana sobre delitos econóicos y responsabilidad penal. Según el abogado Christophe Marchand, el magistrado declaró que los políticos encarcelados en España “no son prisioneros políticos”, lo que a juicio de la defensa prejuzga los hechos. “Esta expresión a nuestro juicio basta para abrir un debate judicial”, añadió. “Emitió una opinión antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó”, apuntó Paul Bekaert, al anunciar la presentación de la demanda.

"La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra", apunta el Ministerio. Eso sí adviete que se personara en la causa "en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles (...) si la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España" contra Puigdemont y sus 'exconsellers'.

El juez encargado del caso ha fijado el 4 de septiembre como fecha de la audiencia y la sentencia podría conocerse a principios de 2019. Los cinco demandantes, que alegan que Bélgica es competente para pronunciarse porque los cinco residían en el país en el momento de las declaraciones, reclamarán a Llarena una indemnización simbólica de un euro por daños y perjuicios. El gran objetivo de los políticos catalanes no está en Bélgica sino en España con la recusación de Llarena como juez instructor en el Tribunal Supremo.