Los socialistas también se abonan a los decretos leyes para gobernar

«Si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el uso del decreto ley». La frase es de Pedro Sánchez en un foro del diario El Mundo en noviembre de 2015. Resumía el argumento que los socialistas, junto con Izquierda Unida y UPyD, habían esgrimido en el recurso que presentaron ante el Tribunal Constitucional contra un macrodecreto económico del entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy, por el que se modificaban de un plumazo una treintena de leyes.

El entonces líder de la oposición recriminó al Gobierno el uso excesivo de esta herramienta jurídica que, según sus palabras, «menospreciaba» al Congreso. Casi tres años después, y tras alcanzar la Moncloa, Sánchez sigue los pasos de su antecesor y emplea este recurso de forma similar. En apenas tres meses, el presidente ha recurrido a este instrumento legislativo, según la Constitución reservado para los casos de «extraordinaria y urgente necesidad», hasta en siete ocasiones. La última y la más controvertida, este mismo viernes para dar cobertura jurídica a la exhumación de los restos de Francisco Franco.

Ante la debilidad parlamentaria, el PSOE sólo tiene 84 diputados, el Ejecutivo ha tirado de decreto ley para empezar a gobernar y así evitarse negociar enmiendas y concesiones hasta alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara baja. Sin embargo, el Gobierno niega que realice un uso «abusivo» de esta figura legal para sacar adelante sus iniciativas políticas. La vicepresidenta Carmen Calvo defiende que «es una fórmula habitual en cualquier democracia» y que no tiene «ninguna excepcionalidad». La urgencia, además, la determina el Gobierno, según la número dos de Sánchez.