Pedro Sánchez y su Gobierno abordan una agenda de cambio más allá de la legislatura

Nuria Vega | Madrid

Cuando el año pasado Pedro Sánchez convocó a la dirección del PSOE a un retiro prenavideño en Daimiel, difícilmente podía imaginar que la siguiente reunión informal sería en Quintos de Mora y con los suyos convertidos en ministros. Con las organizaciones políticas aún resituándose tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa, el presidente del Gobierno se llevó ayer a su gabinete a un encuentro distendido y discreto en los Montes de Toledo para preparar el nuevo curso. A falta de que cada partido defina su nueva estrategia, lo que parece obvio es que los venideros serán meses muy difíciles de gestionar para el jefe del Ejecutivo, que, en todo caso, siempre tendrá a su alcance la opción de precipitar las elecciones.

El de la apertura anticipada de las urnas no es el escenario que maneja el Gobierno en el corto plazo. Sus principales representantes han intentado, sobre todo desde el revés de la senda de déficit en julio en el Congreso, neutralizar los rumores que apuntaban en esa dirección. Pase lo que pase, aseguran, el Ejecutivo seguirá su rumbo. Pero a nadie se le escapa que la aprobación de las cuentas públicas daría consistencia al proyecto de Sánchez. «No va a haber adelanto electoral, lo que habrá son Presupuestos Generales del Estado», se marcó como objetivo el mes pasado la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Obtener el visto bueno del Congreso a unas nuevas cuentas exige, sin embargo, un trabajo ingente que llevará al Gobierno a retocar, junto a sus socios, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El motivo de la reforma es evitar que la mayoría absoluta del PP en el Senado eche por tierra la senda de déficit, el paso previo para la elaboración de los Presupuestos. La modificación legal pasará por revertir la cláusula que en 2012 introdujo en la norma el Ejecutivo de Rajoy y que concedía una excepcional capacidad de veto a la Cámara alta.

El mayor obstáculo

A partir de ahí, todos los esfuerzos de la Moncloa y Hacienda irán encaminados a granjearse, al menos, los apoyos de sus socios de la moción de censura. El mayor obstáculo con el que puede toparse el Gobierno no es tanto Podemos —las conversaciones han fluido en agosto— sino los partidos catalanes.

Tanto Esquerra como el PDeCAT fueron piezas indispensables para descabalgar al PP del poder. Pero los intereses de ambas formaciones están centrados en la reivindicación secesionista de la Generalitat. Cabe pensar, por lo tanto, que su estrategia en las Cortes Generales estará determinada por la nueva hoja de ruta que establezca en Cataluña el independentismo en el primer aniversario del referéndum del 1-O y en vísperas del juicio a sus dirigentes encarcelados.

El Gobierno se ha propuesto aprovechar el tiempo y, después de años de reproches a la gestión de Rajoy, consolidar ante su electorado la imagen de un Ejecutivo encaminado a rebajar tensiones. Desde luego, los gestos hacia la Generalitat ganarán entidad en otoño con la reunión que mantendrán en Barcelona Sánchez y el presidente de Cataluña, Quim Torra. Pero el devenir de los acontecimientos es, como en los últimos años, imprevisible.

Mientras tanto, la disposición de Esquerra y el PDeCAT a alcanzar pactos en el Congreso podría ser variable. De optar por marcar distancias, pondrían al Gobierno en serios apuros. Si fuera así —e incluso si bloquearan los Presupuestos—, el politólogo Pablo Simón recuerda que Sánchez tendría dos opciones. Convocar elecciones en los próximos meses o hacerlo tras el verano de 2019. Lo de agotar el mandato en junio de 2020 no parece, al menos a día de hoy, un escenario realista cuando el Ejecutivo cuenta con tan sólo 84 diputados en la Cámara baja y depende de formaciones tan dispares.