Relevo en el Gobierno, tsunami de altos cargos

El terremoto político que trajo la moción de censura cambió al inquilino de La Moncloa y sentó a los socialistas en el Consejo de Ministros siete años después. Pero el relevo en el gobierno no solo se llevó consigo a Mariano Rajoy y a su gabinete: el tsunami posterior ha arrastrado a cientos de altos cargos con sus correspondientes asesores para que otros más afines ocupen su lugar.

 

Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el BOE no ha dejado de arrojar nombres. España es, junto con Chile y Turquía, el país de la OCDE que más cargos sustituye con cada cambio de Gobierno, según un informe con datos de 2016. Son los únicos tres países en los que, además de los ministros, cambian casi la totalidad de los secretarios y subsecretarios de Estado y los directores y subdirectores generales: toda la cúpula de la Administración. Un indicador, advierte la OCDE, de cómo se extienden los tentáculos políticos en la administración pública y que puede provocar una pérdida de confianza de los ciudadanos en quienes son nombrados por afiliación política en lugar de por su competencia.

 

 

Los asesores de los ministerios cambian en la mayoría de los países, pero hay excepciones como Alemania o Noruega en los que el nuevo ministro ni siquiera renueva a su gabinete. Los principales vecinos europeos tampoco hacen cambios en secretarías de Estado o direcciones generales (Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Portugal) y en los que sí los hacen, como Francia o Grecia, afectan a menos de la mitad de los empleados de este grupo.

 

Presidencia suma ocho altos cargos

En España, muchos de los 671 altos cargos en la Administración General del Estado, incluyendo a embajadores, presidentes de organismos autónomos y entes públicos o delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, cesarán con el cambio de gobierno, como lo harán también sus asesores, que no son funcionarios de carrera y cuyo puesto está ligado por ley al del alto cargo que los colocó en él.

 

 

La mayoría de ministerios ya han aprobado sus nuevas estructuras. Solo quedan pendientes algunos clave, como Hacienda. En lo que corresponde a Presidencia, Sánchez ha eliminado la figura de un secretario de Estado y el director de la oficina económica, pero suma 5 subsecretarios y hasta 15 directores generales. Un total de 22 puestos, totalmente renovados, ocho más que el gobierno saliente.

 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con Meritxell Batet al frente, ha renovado a todos sus altos cargos (2 secretarios de Estado, 4 subsecretarios y 5 directores generales) salvo a la directora de Gobernanza Pública. De los tres organismos públicos dependientes del departamento ministerial, mantienen al director general de Muface y al director del INAP, aunque este último será relevado próximamente, según confirman fuentes del Ministerio. La norma, por tanto, es que el nuevo ministro traiga consigo a un equipo totalmente nuevo.

 

Defensa, la excepción

También hay excepciones, como el caso del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que mantiene al director de gabinete de su antecesor, o el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha conservado a la cúpula militar nombrada por María Dolores de Cospedal. Robles ya anunció que pretendía que Defensa fuera un “ministerio de Estado”, ajeno a los cambios políticos.

 

También mantendrá al director del CNI, Félix Sanz Roldán, que lleva nueve años y tres presidentes. “Nadie en la administración debería acumular tanto poder y convertirse en inamovible”, indica José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda. Una administración donde, según el propio Mollinedo, hay puestos de carácter político en los que las decisiones tienen que ir en consonancia con el color de quien gobierna. El problema viene cuando los currículums de los recién nombrados están llenos de trayectoria de partido y vacíos de experiencia en el sector que van a liderar. “Esto se da especialmente en las presidencias de las empresas y organismos estatales”, indica.

 

En Paradores de Turismo, Sánchez ha nombrado al exsecretario de Organización del PSOE, Óscar López, que cobrará en torno a 180.000 euros anuales. En Correos estará Juan Manuel Serrano, su exjefe de gabinete; en Aena, el exportavoz del PSC Maurici Lucena, y al exsecretario de Estudios y Programas socialista, Félix Tezanos, al frente del CIS.

 

Un centenar de altos cargos, con derecho a indemnización

El tsunami de ceses tiene también una réplica económica. Un centenar de altos cargos tienen derecho a una indemnización del 80% de su retribución anual durante dos años como máximo, periodo en que están sometidos a una serie de incompatibilidades. Son los exministros, los secretarios de Estado, el Fiscal General del Estado, los máximos responsables de los organismo reguladores, el jefe y el secretario general de la Casa del rey. El Ministerio de Función Pública todavía desconoce cuántos de ellos han solicitado esta indemnización.

Mariano Rajoy decidió renunciar a su pensión vitalicia como expresidente para reincorporarse a su plaza como registrador de la propiedad. Todos los exministros son diputados salvo tres. Mantendrán su acta y, por tanto, un sueldo público como parlamentarios, por lo que ninguno podrá cobrar la indemnización. Fue Rajoy quien prohibió en 2012 que las cesantías fueran compatibles con un salario. La indemnización media mensual para los exministros es de unos 4.500 euros al mes durante tanto tiempo como hayan estado en el puesto (con un máximo de dos años), una cifra similar a los 4.691 euros que el ex ministro de Economía, Luis De Guindos, cobró durante los dos meses que transcurrieron desde que dejó el Ministerio y llegó al BCE. Es lo que puede pasar a ingresar Íñigo de la Serna mientras no tenga otro salario. Alfonso Dastis, embajador de carrera, ocupará la embajada de España en Italia, por lo que solo podría solicitar la indemnización por el tiempo transcurrido entre uno y otro puesto, y Román Escolano podría reincorporarse a su plaza como economista del Estado.

En cuanto a los secretarios de Estado, la mayoría de los 25 del Gobierno de Rajoy tenían un salario superior a los 100.000 euros, por lo que su indemnización anual sería de unos 80.000 brutos al año. Por ejemplo, la secretaria de Estado de Comunicación de Rajoy, Carmen Martínez de Castro, puede cobrar 89.700 euros al año mientras permanezca en el paro. Eso sí, muchos de los secretarios de Estado son funcionarios y podrían volver a su plaza en la administración pública, renunciando a sus cesantías.