El Gobierno, desbordado por el caso del juez Llarena

La contundente reacción de las asociaciones de jueces y fiscales ante la citación de la justicia belga a Pablo Llarena y las acusaciones del PP y Ciudadanos de haber dejado «tirado» al magistrado del Supremo han hecho mella en el Gobierno de Pedro Sánchez. La Moncloa emitió ayer un comunicado para precisar que ha puesto en marcha «todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional» dentro de la causa en la que está demandado el juez del Supremo por el expresidente catalán y los cuatro exconsejeros que huyeron con él. Entre esos mecanismos está la contratación de un despacho de abogados en Bélgica que se formalizará «en breve».

El Gobierno, de entrada, no va a contratar abogados para defender a Llarena ante las acusaciones de Puigdemont de parcialidad en la instrucción de la causa del ‘procés’ porque entiende que es un asunto privado. Solo tomará cartas en el asunto si en la tramitación de la demanda civil el tribunal belga se inmiscuye en la soberanía jurisdiccional española para investigar los presuntos delitos cometidos por los líderes independentistas. Puigdemont y los cuatro exconsejeros presentaron el pasado 5 de junio una demanda civil contra el instructor del Supremo.