La demanda de Puigdemont contra el juez Llarena se desinfla: falseó la traducción
La defensa del expresidente catalán informará al tribunal belga del «error» en la transcripción del escrito.
Quim Torra y Carles Puigdemont en la rueda de prensa que dieron en Bruselas el 28 de julio. STEPHANIE LECOCQ
MATEO BALÍN | MADRID
La demanda civil que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros fugados en Bélgica han interpuesto en este país contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena parte de una premisa falsa que sustenta el núcleo central de su acusación. Se trata de unas declaraciones que hizo el magistrado a los medios de comunicación en un acto jurídico en Oviedo y que, a ojos del juzgado belga donde se ha presentado, vulnerarían el derecho al honor de los investigados.
El motivo es que los abogados firmantes de la demanda, Christophe Marchand, Michèle Hirsch, Paul Bekaert y Gonzalo Boye, dan por hecho en su escrito que el juez Llarena atribuyó a los investigados los delitos de los que se les acusa, rebelión y malversación de caudales públicos. Una circunstancia que motivaría la demanda por un delito contra el honor y la reputación de Puigdemont y los exconsejeros huidos. Sin embargo, mientras que el juez Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto en francés de los demandantes la comisión de los ilícitos penales se da por sentada. Se cambia así, por lo tanto, el sentido de sus palabras.
El magistrado dijo esto en el curso en el que participó: «Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados». La clave es el condicional «si es que esto ha sido así» que los abogados traducen en «como en efecto sucedió» («Et oui c’est ce qui s’est produit»).
La alteración fue puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales y las recogidas en la demanda.
Tras conocerse la manipulación de las declaraciones del juez, el coordinador de la defensa de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, afirmó ayer que informará al juzgado belga del «error». Aunque para ello tendrán que esperar al próximo martes, cuando se celebre la vista previa por la demanda civil, dado que la citación ya ha sido notificada al demandado. Por lo tanto, corresponderá al juez belga decidir sobre las consecuencias judiciales, si las hubiera, de presentar unas declaraciones mal traducidas que cambian el sentido de la demanda.
ESTAFA PROCESAL
En declaraciones a Antena 3, Boye negó que exista cualquier «alteración» y apuntó a un posible un error del «traductor». Asimismo, achacó la reacción tras conocerse el caso «a un exceso de nerviosismo y patrioterismo» porque «no se está leyendo bien el tema», ya que Llarena dice en esas declaraciones «bastante más de lo que se está contando». Por su parte, el abogado Christophe Marchand afirmó desde Bruselas que se trata de una «traducción jurada», hecha por profesionales, y que no ha existido ninguna voluntad de cambiar el significado ni los hechos ni de falsear una traducción.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas han señalado que esta manipulación de las pruebas podría ser una estafa procesal. Ello pese a que los demandantes reclaman de forma simbólica que Llarena indemnice con un euro a Puigdemont en caso de una condena, por lo que el ánimo de lucro -elemento de la estafa procesal- sería imperceptible.