La demanda contra Llarena busca que la tensión siga hasta el juicio del ‘procés’
Mañana un juzgado belga decidirá, en una vista, si se admite la acción civil contra el juez.
M. Balín | Madrid
La demanda civil interpuesta por los abogados de los líderes independentistas huidos en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, tiene este martes su primera toma de contacto en un juzgado de Bruselas. Se trata de una vista preliminar en la que los abogados del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros, procesados por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, se verán las caras con el despacho belga contratado por el Ministerio de Justicia para defender a Llarena y a «la soberanía e inmunidad jurisdiccional española ante los tribunales belgas».
De este acto previo saldrá la decisión del juzgado de admitir o no a trámite la demanda, que antes de tomar impulso ya ha logrado los objetivos que buscaba: mantener la tensión hasta el juicio del ‘procés’, previsto entre noviembre y enero, dar visibilidad a la internacionalización del conflicto, interferir en la agenda política nacional y poner de nuevo en evidencia al Estado español a través de su justicia, después de la rotunda victoria de Puigdemont en Alemania.
Interferencias
A esto se añade las interferencias generadas en el Gobierno con respecto al pago de la defensa de Llarena, que provocó la intervención del presidente del Gobierno para cambiar el criterio inicial de la ministra de Justicia de que no se abonara este gasto particular. Una corrección en toda regla de Pedro Sánchez a Dolores Delgado, pese a que se haya explicado que las diferencias fueron por «matices técnicos». Al final, se han presupuestado 545.000 euros para bufete de Bruselas seleccionado: Liedekerke.
En suma, la demanda contra Llarena ya ha generado más revuelo externo que expectativas de resultado, incluso los propios abogados de Puigdemont no le dan mucho recorrido. «Queremos ganar, pero sabemos que es difícil y es secundario», admitió esta semana Jaume Alonso-Cuevillas en una entrevista en Rac1. Se trata, de una acción más dentro de su estrategia procesal, al igual que la recusación en masa de cinco de los magistrados que compondrán el tribunal del ‘procés’. Un incidente basado en argumentos banales pero con el fin último de desprestigiar al Tribunal Supremo y de alargar la llama del enfrentamiento a través de maniobras con más eco que eficacia jurídica. Y no serán las últimas que se verán. «Será un otoño caliente porque estamos en un momento excepcional. El objetivo de la demanda era poner en evidencia que el juez Llarena no se estaba respetando la presunción de inocencia (de los procesados), pero lo que ha quedado evidenciado es que la presunción de inocencia no se ha respetado en el conjunto del Estado», reconoció Alonso-Cuevillas.