LA CAUSA DEL 'PROCÉS'
El juez atribuye desobediencia al vicepresidente del Govern
El magistrado no descarta que el vicepresidente del Govern pudiera haber cometido otros delitos al no impedir el referéndum
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el 1-O, atribuye al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, un delito de desobediencia por no haber impedido la celebración del referéndum unilateral a pesar de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (TC). Así aparece en la exposición razonada que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer envió al alto tribunal catalán a finales de julio y que este lunes ha sido remitida a las partes. En este documento, el juez pide al TSJC que investigue a Aragonés y también el exsecretario general de Economia Josep Maria Jové, en su caso por desobediencia, malversación de fondos públicos y revelación de secretos, ya que ambos son aforados por ser diputados el Parlament.
Según el magistrado, Aragonès, que entonces era secretario de Economia, recibió una notificación del TC sobre la suspensión del referéndum el 13 de septiembre del 2017, advirtiéndole de su "deber impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". En la notificación, el Constitucional también le advertía de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal", en las que podía incurrir en caso no atender este requerimiento. Jové recibió la notificación el 15 de septiembre.
El juez concluye que, pese a estas advertencias del TC, ni Aragonès ni Jové "desplegaron ninguna actividad para impedir la celebración del referéndum ni para revertir los actos que ya habían hecho con anterioridad a la citada notificación". Por ello, considera que hay "sólidos indicios" que Aragonès habría participado "como autor" o como "cooperador necesario" de un delito de desobediencia, sin descartar algún otro delito que pueda derivarse de la instrucción de la causa.