La Fiscalía, contra la descoordinación policial: 'Pone en peligro la seguridad'

La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2017 advierte de que episodios de descoordinación y desconfianza entre cuerpos policiales como los que sucedieron a los atentados de Catalunya ponen en peligro la seguridad nacional y aboga por la cooperación entre los distintos servicios de información para evitar "disfunciones".

Así lo expone la fiscal general, María José Segarra, en la Memoria que ha presentado este lunes en la apertura del Año Judicial, en la que considera que el terrorismo de inspiración yihadista es una de las principales amenazas para la paz, la convivencia y la democracia en la actualidad.

La Fiscalía admite que es "sobradamente conocido" que hubo situaciones "rayanas en la descoordinación" en la gestión de la información y en la resolución del caso y que hubo "desconfianza en el uso compartido de la información". Insiste en que "en una materia como esta, que afecta en buena medida a la seguridad nacional, la coordinación y la cooperación entre los servicios de información es una de las claves de la lucha contra el terrorismo, por lo que es necesario evitar en el futuro que se produzcan disfunciones de esta naturaleza".

La Fiscalía General del Estado reconoce la importancia que hoy tiene la lucha contra el terrorismo en la política criminal. "El terrorismo, y muy singularmente el terrorismo internacional yihadista, es una de las principales amenazas para la paz y la convivencia de nuestras sociedades", asegura.

Tras la desaparición de ETA, el terrorismo yihadista acapara los esfuerzos de fiscales y Fuerzas de Seguridad. "Mientras las organizaciones terroristas tradicionales" como ETA o Grapo "se encuentran inmersas en un irreversible proceso de desaparición y extinción, el terrorismo internacional yihadista se ha consolidado como un problema global de dimensiones especialmente graves y alarmantes, constituyendo actualmente la mayor amenaza para la libertad y la seguridad de nuestras democracias".

El Ministerio Público centra su trabajo en la tarea preventiva desde los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 192 personas y hubo dos centenares de heridos. El objetivo es dar una "respuesta anticipada" que permitiera al sistema de justicia penal intervenir frente a las actividades que han venido propiciando y facilitando la expansión del yihadismo, y que están sirviendo para aumentar el riesgo de acciones terroristas.

Así, los fiscales trabajan en detectar y frenar los procesos de captación, adoctrinamiento, radicalización, reclutamiento, adiestramiento, y a las actividades de soporte, apoyo y cobertura a las células, grupos y personas que militan en el ideario yihadista. Este cambio de enfoque hacia la prevención "fue sin duda acertado", dice Segarra en la Memoria.

Durante los últimos años, la acción conjunta y coordinada de los servicios de información antiterroristas, bajo el control de la Fiscalía y de los órganos judiciales, ha sido "sumamente eficaz", y "no fueron pocos los intentos de ejecución de atentados terroristas que pudieron ser abortados, unos en fase embrionaria, otros en fase más avanzada de preparación".

Sin riesgo cero

Sin embargo, reconoce, "el riesgo cero no existe" y en ese sentido la memoria recuerda que los atentados de agosto de 2017 en Catalunya en un atropello masivo en la Rambla de Barcelona. Los miembros de la célula fueron abatidos en Cambrils, donde también protagonizaron un atropello.

En ese sentido destaca el avance que supone haber nombrado a Javier Zaragoza como asesor para terrorismo del Tribunal Supremo para coordinar y supervisar a los Fiscales de Sala Jefes en los recursos de casación relativos a los delitos de terrorismo e informar al Fiscal General del Estado sobre la evolución de la amenaza terrorista y sobre las medidas legislativas que sean necesarias para mejorar la respuesta legal frente a este problema.

El Ministerio Público aboga también por reforzar e intensificar su actuación sobre las fuentes de financiación del terrorismo y garantizar que esos datos sean compartidos en los foros nacionales o internacionales encargados de la lucha antiterrorista.

Como propuestas de futuro, la Fiscalía considera conveniente reforzar su función en el ámbito de la coordinación y asesoramiento de los servicios policiales especializados en la investigación y persecución del terrorismo, potenciando la realización de actividades formativas con las unidades específicas al objeto de compartir con sus miembros los criterios jurídicos que deben presidir el desarrollo de las investigaciones.

Nuevos tipos penales

La Memoria elogia la incorporación de nuevos tipos penales para luchar contra el terrorismo, y en especial para combatir por un lado el adiestramiento o el adoctrinamiento pasivos, y por otra, el autoadoctrinamiento y el autoadiestramiento, especialmente cuando se producen online, al tratarse de conductas "con una notable potencialidad criminal y generadoras de un riesgo de ejecución de otras acciones constitutivas de delitos de terrorismo que debe ser neutralizado".

En este terreno, la fiscal general entiende que el legislador "se ha adelantado a la normativa internacional, porque los tipos penales del autoadoctrinamiento y adoctrinamiento pasivo que acabamos de mencionar no disponen de apoyo normativo europeo o internacional".

La Memoria cita que el Tribunal Supremo ha dictado 46 sentencias en casación, 34 de ellas han sido confirmatorias de las sentencias recurridas; y en las 12 sentencias restantes se ha estimado el recurso de casación interpuesto, en un caso por el Fiscal y en los otros 11 por las defensas (en cinco casos con estimación parcial del recurso y en seis casos con estimación total del recurso).

Por el tipo de terrorismo: de los 46 asuntos sometidos a examen casacional, 10 de ellos están relacionados con el terrorismo yihadista, tres con el terrorismo de Grapo, tres con el terrorismo radical gallego, 28 con el terrorismo de ETA, y los dos restantes se refieren a asuntos de enaltecimiento de varios fenómenos terroristas.