La Fiscalía quiere que los tuiteros no vayan a prisión

m. sáinz pardo | madrid

«Severo régimen punitivo». «Desproporcionado». La Fiscalía General del Estado no ahorra calificativos y se mete de cabeza en el charco en su memoria anual: hay que reformar el Código Penal para evitar que los internautas acaben en la cárcel por cometer delitos de odio a través de las redes sociales. El departamento que dirige María José Segarra, en el documento que ayer entregó a las más altas instancias del Estado, propone directamente la modificación del artículo 510 del Código Penal, que ha servido para condenar a prisión, entre otros, a un internauta por mensajes a favor de la violencia machista o a un tuitero por comentarios hirientes contra los catalanes tras el accidente de Germanwings. Ese precepto fija penas de hasta cuatro años de prisión para quienes inciten públicamente al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia. En los casos en los que esos comentarios se hubieran vertido a través de un medio de comunicación social o en las redes, el Código Penal establece que la pena mínima debe ser dos años y medio.

Para la Fiscalía estos castigos son excesivos y propone rebajar las penas de cárcel o que los culpables sean condenados a otras penas alternativas.