El juez imputa a otros trece policías por las cargas del 1-O
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, el juez que centraliza las denuncias en la ciudad condal por las cargas del 1-O, ha imputado a otros trece agentes de la Policía Nacional. Este magistrado ya ha llamado a declarar, siempre como investigados, a otros diez funcionarios del CNP por los incidentes en otros cuatro colegios de la ciudad.
En esta ocasión, imputa a los trece policías que intervinieron en los incidentes en los alrededores de la escuela de Ramon Llull de Barcelona. En aquellas refriegas, algunos de los funcionarios, rodeados por una multitud mientras se replegaban, hicieron uso de pelotas de gomas para dispersar a los congregados. Una de aquellas pelotas fue a impactar en el rostro de un ciudadano, Roger Español, que perdió la visión de ese ojo.
Español, que fue el herido de mayor gravedad de aquella jornada, también ha sido citado a declarar como imputado. En las imágenes grabadas sobre aquellos incidentes y que fueron profusamente distribuidas en las redes sociales se distingue claramente como Roger Español, antes de ser alcanzado por la pelota, lanza una valla metálica contra los funcionarios que se repliegan del colegio electoral.
Ante el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona se llegaron a presentar más de 250 denuncias. Este órgano, no obstante, ya ha archivado más de medio centenar de demandas referidas a los incidentes en otros centros escolares el 1-O por la imposibilidad de identificar a los agentes, por falta de material gráfico o porque no se han apreciado indicios de delito.
Recurso
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Supremo de suspenderlos como diputados del Parlament, una medida que consideran que supone «la muerte» de sus derechos políticos.
La suspensión fue acordada por el juez del Supremo Pablo Llarena, y posteriormente ratificada por la sala encargada de resolver los recursos, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé la suspensión de los cargos públicos encarcelados y procesados por rebelión.