El tsunami del 1-O que arrasó con todo

CRISTIAN REYNO | BARCELONA

El proceso secesionista es como el fuego. Todo el que se ha acercado a él se ha quemado. Un año después de los episodios de octubre del año pasado —un nuevo 1934 en que el secesionismo celebró un referéndum ilegal (1-O) y declaró la independencia de manera unilateral (27-O)— Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma y está lejos de ser una república como proclamaron los independentistas. Los más optimistas insisten en que el año que viene podría ser el de la llegada final a Itaca (así lo aseguró el abogado de Puigdemont en los discursos tras la manifestación de la Diada), pero hasta los más radicales, como Carles Puigdemont, empiezan a hablar de plazos a 20 o 30 años vista. Una generación entera. Ese es el tiempo también que el Gobierno central cree que hará falta para resolver la crisis catalana.

Una generación entera de políticos es la que se ha llevado también por delante el proceso. Todos los protagonistas que se vieron implicados en la crisis y en el choque de trenes de hace un año están ahora fuera de circulación. Tanto en la parte catalana como en la española.

Quim Torra se vio de la noche al día al frente del Palau de la Generalitat casi sin quererlo. El independentismo, que revalidó la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas convocadas el 21-D por Mariano Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, intentó sin éxito investir a Puigdemont y optó por un dirigente del ala más radical del nacionalismo. Llegó con la promesa de hacer efectiva la república y anunció un nuevo ‘momentum’ (como el del referéndum). La realidad autonómica, si embargo, se va imponiendo cada vez más a la retórica republicana.

OTRA OPORTUNIDAD

El nuevo tiempo estrenado por Pedro Sánchez y Torra, que ya se han reunido una vez y preparan un segundo encuentro en octubre en el Palau de la Generalitat, ha abierto un diálogo entre las dos administraciones inédito estos últimos años. De momento, los contactos se centran en asuntos sectoriales, a la espera de que en algún momento pueda abordarse el nudo gordiano de la crisis territorial. Torra ha regresado a la casilla de salida del referéndum. Pide una consulta pactada con el Gobierno, lo que implica reconocer la invalidez del 1-O, mientras que Sánchez ofrece un referéndum sobre el autogobierno. El marco ha variado. No hace mucho, el independentismo aseguraba que no tenía nada que negociar con el Estado, si acaso el reparto de activos y pasivos para consumar la separación. Torra, en cambio, sitúa ahora el límite de la negociación en el referéndum. Algo se ha movido. No mucho, pues no descarta la vía unilateral. También el Gobierno se ha movido un ápice, ya que habla de referéndum, aunque sea para validar un nuevo estatuto.

ATRAPADOS

El deshielo sigue su curso, si bien todas las partes son conscientes de que hasta que no haya nuevas elecciones, tanto autonómicas como generales, y se celebre el juicio del 1-O, no podrá empezar a destensarse de verdad la situación, si antes no se tuerce otra vez con una nueva intentona unilateral del secesionismo. El diálogo entre los dos gobiernos no es nada fácil porque apenas tienen margen. A Sánchez le marcan muy de cerca PP y Ciudadanos. Torra se encuentra atrapado entre Puigdemont, una parte de JxCat, la ANC y la CUP, que no quieren saber nada de dialogar, pues temen que se acabe «malbaratando el mandato del 1-O», y otro sector del secesionismo, encabezado por Esquerra y una parte del PDeCAT y también de JxCat, que ha entendido que hay que bajar del monte y empezar a tender puentes.

Esta falta de rumbo tiene dividido al movimiento secesionista. La unidad solo existe para pedir la liberación de los presos y para cargar contra la democracia española y su sistema judicial, pero no para armar una nueva hoja de ruta. La Cámara catalana permanece cerrada porque JxCat y Esquerra no se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión de los seis diputados procesados decretada por el juez Llarena. Si no hay entendimiento, el riesgo a nuevas elecciones es real. A partir del 21-D, Torra ya estará facultado para disolver el Parlamento. Una precariedad, similar a la que tiene Sánchez. Doce meses después del 1 de octubre, nada ni nadie escapa del tsunami provocado entonces.

EL GOBIERNO TAMBiÉN TROPIEZA

El Gobierno añadió otra cuenta al rosario de resbalones y consecutivas rectificaciones que han caracterizado sus primera semanas de Gobierno. Su delegada en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostró ayer partidaria de indultar a los líderes independentistas si son condenados por el Tribunal Supremo. Unas palabras que desataron un incendio inmediato que no sofocaron la rectificación de la propia delegada ni la de dos ministras que salieron a corregir el tiro. Para el líder del PP, todo está claro y es una nueva prueba de que Pedro Sánchez es rehén de los independentistas.

«Si se pide el indulto, yo soy partidaria», dijo Cunillera en una entrevista en Catalunya Radio. De nada sirvió que horas después la Delegación del Gobierno en Cataluña precisara en un comunicado que cualquier «especulación» sobre el desenlace del juicio en el Supremo a los 25 acusados en la causa del ‘procés’ es «prematura» y pidió ser prudentes al hacer «hipótesis» sobre la sentencia que pueda dictar la Sala Segunda del tribunal. Hacerlo, señaló la nota, «no ayuda a solventar los problemas actuales».