El Gobierno intenta desatascar la reforma ‘maldita’ de la ley mordaza con sus aliados

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID

Fue una de las promesas electorales estrella de Pedro Sánchez tanto en los comicios generales de diciembre de 2015 como en los de junio de 2016. El líder del PSOE comprometió su palabra en reformar en profundidad la Ley de Seguridad Ciudadana, la denostada ‘ley mordaza’ aprobada gracias a la mayoría parlamentaria del PP con el voto en contra de toda la oposición.

El lunes, en su intervención para celebrar sus cien días de Gobierno, Sánchez anunció, una vez más, el inminente fin de la ‘ley mordaza’. Pero lo cierto es que la reforma de esta polémica normativa lleva dos años dormida en el Congreso de los Diputados (a veces por cuestiones relacionadas con el Grupo Socialista). Y eso, a pesar de que su modificación contaría, en principio, con la mayoría parlamentaria de la cámara baja. El presidente, dicen responsables gubernamentales, está decidido ahora a desatascar a toda costa la reforma de esta ley, que hasta ahora parece haber sido una cuestión «maldita».

Es difícil encontrar un proceso de modificación que haya pasado por más vicisitudes e imprevistos. Por lo pronto, se presentaron dos textos alternativos a la actual normativa, lo que ha obligado a los letrados a emitir informes, que finalmente han avalado la refundición de ambos articulados tras un intenso debate. La primera proposición de Ley de derogación de la Ley Orgánica 4/2015 fue presentada por el PSOE el 1 de diciembre de 2016. 50 días después, el PNV presentó la suya.

Vuelta a la patada en la puerta

Uno de los retrasos más graves, precisamente, ha venido por el propio Grupo Socialista. Su texto, que proponía directamente resucitar la ‘ley Corcuera’ o ‘de patada en la puerta’, fue presentado por la gestora del PSOE, ya que Sánchez había sido defenestrado en octubre de 2016. De hecho, uno de los más enconados ‘antisanchistas’, el ahora exdiputado Antonio Trevín, a la sazón portavoz de Interior, fue el ‘padrino’ de ese texto, que no convencía ni mucho menos a todo el partido.

Entre que al PP no le interesaba acelerar la caída de su propia ley y que el PSOE, sumido entonces en una crisis interna, no se aclaraba cuál iba a ser su postura final, la reforma fue literalmente enterrada con ampliaciones de plazos para presentar enmiendas. La propuesta socialista sufrió 30 demoras. La del PNV, otras 30. Los trabajos de modificación se quedaron en ‘stand by’ hasta febrero de este año. Para entonces, el grupo socialista en el Congreso había sufrido un revolcón y Trevín, en el bando de los perdedores, había abandonado el hemiciclo.

Cuando la cosa parecía reiniciarse, el cambio de Gobierno volvió a arrinconar la ‘ley mordaza’. De nuevo todo paralizado, hasta el punto de que los reajustes provocados por el cambio en el Ejecutivo salpicaron a la comisión de Interior, que hasta este septiembre no ha tenido nuevo presidente, el popular Rafael Catalá, exministro de Justicia.

Una cuestión de 194 enmiendas

Los grupos ya han pedido a Catalá que intente acelerar los trabajos y que, por lo pronto, convoque el trámite de ponencia para comenzar las discusiones en serio. Un debate —avisan diversas fuentes parlamentarias— que no va a ser fácil. Los grupos han presentado un total de 216 páginas de correcciones a las propuestas registradas por el PSOE y el PNV. En total, 101 enmiendas al texto de los socialistas y 183 al de los nacionalistas vascos.

Un aluvión de rectificaciones a estudiar que —admiten desde la Comisión de Interior— puede poner en riesgo la aprobación de la reforma de la ley en esta legislatura si no se pisa el acelerador (y siempre contando con que se agote la actual legislatura).

Para Sánchez no va a ser fácil cumplir su promesa, aunque el grupo socialista está dispuesto a olvidarse de la ‘ley Corcuera’ como base. Los actuales responsables del Ministerio del Interior ya están objetando «serios problemas» a las enmiendas de sus ‘aliados’, en particular a las del Grupo Mixto (Bildu directamente ha propuesto una enmienda a la totalidad) y Podemos, que ha planteado una «desregulación general» (palabras textuales de técnico de Interior), que, por el momento, parece inasumible.

El presidente del Gobierno y su grupo parlamentario necesitarán para la reforma, sí o sí, a todos los ‘aliados’ de la moción de censura, según admiten ya fuentes del Ejecutivo y parlamentarias socialistas. Las enmiendas del PP y, sobre todo, de Cs están, según el criterio del Gobierno, encaminadas a «meros retoques estéticos». Los «contactos informales» con estos dos grupos antes de la moción de censura —en los que hubo aproximaciones sobre todo por la buena disposición del exministro Juan Ignacio Zoido a admitir algunos cambios— ahora han saltado por los aires. «Sánchez deberá darse prisa y hacer muchos malabares.