El atractivo económico de Cataluña se resiente por el conflicto político

Cuando hace ahora un año los ahorradores de media España, encabezados por buena parte de los catalanes, comenzaron a temer por el dinero que tenían depositado en los bancos históricamente ligados a esa comunidad (CaixaBank y Sabadell, pero también al resto con sucursales en Cataluña) se inició una espiral de miedo que acabó por afectar a toda la economía. De las cuentas de bancos con presencia en Cataluña huyeron 31.400 millones en el último trimestre de 2017, según el Banco de España. Fue el mejor reflejo económico de lo que una crisis política de calado puede conllevar. La transferencia del dinero propio a un lugar seguro tuvo un efecto tan rápido que el sector presionó al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que pisara el freno.

Se temía lo peor no solo para los intereses de las entidades sino sobre el conjunto de la economía catalana y, por ende, la española -la región acapara un 20% del PIB-. Doce meses después, Cataluña sigue creciendo a un ritmo más moderado de lo que lo hacía a principios de año, como toda España, pero con varias alertas que no dejan de emitir señales a empresarios, consumidores y gobernantes. El susto inicial de la fuga de depósitos, y posterior traslado de sedes sociales, se ha contenido «por la intervención que realizó el Gobierno con el artículo 155 de la Constitución», según Ignacio Sanz, profesor de Esade. Pero se mantiene «en una tensa calma» a la espera de acontecimientos.

Las previsiones más agoreras anticipaban el desastre, aunque la sucesión de los acontecimientos políticos posteriores al mes de octubre, con la independencia relegada a una declaración de intenciones, parece haber evitado la ruina anticipada por muchas casas de análisis si la tensión se prolongaba.