La Iglesia no se opondrá al entierro de los restos de Franco en la Almudena

M.S.P. | MADRID

Los técnicos del Gobierno ya han realizado una primera visita prospectiva a la tumba de Francisco Franco con vistas a iniciar los trámites de su exhumación. La comitiva, según confirmaron fuentes del Ejecutivo, se desplazó el lunes al Valle de los Caídos.

El grupo estaba encabezado por la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo. Ambos fueron acompañados de técnicos de Patrimonio Nacional, dependientes de Presidencia de Gobierno, que fueron los que analizaron ‘in situ’ los pormenores de la maniobra para levantar la losa, sacar el ataúd y trasladar los restos fuera de la basílica. Desde el Gobierno aseguraron que se trata de una visita estrictamente técnica y que la exhumación sigue prevista para finales de año, como anunció en su día el Ejecutivo. El Consejo de Ministros quiere analizar a finales de este mes o principios de noviembre las alegaciones presentadas por la familia del dictador contra el traslado.

La visita de la comitiva gubernamental, en un día de cierre al público, provocó el enfado de la Abadía del Valle de los Caídos, que ayer criticó, en un comunicado, no ser avisada de esta inspección técnica. La Conferencia Episcopal, a su vez, avanzó que no se opondrá a que los restos de Franco descansen en la catedral de la Almudena de Madrid. Su portavoz, José María Gil Tamayo, recordó que la Iglesia no tiene competencias sobre el destino de los restos del dictador y que, en ningún caso, «puede negar a un cristiano» el enterramiento, ya que «los muertos no tienen carné político».

En rueda de prensa tras la celebración de la Comisión Permanente, Gil Tamayo ha defendido que la Iglesia se encarga de «pedir por los difuntos», pero no tiene «un tribunal». Ha explicado que en la catedral de la Almudena hay una cripta de enterramiento, como en otras parroquias, en las que existe la posibilidad de enterramiento.

«La Iglesia no puede negarle a un cristiano (el enterramiento) si así está establecido en los cementerios de las iglesias, y si tiene un derecho adquirido la familia». «La Iglesia no puede oponerse», ha afirmado.

En cualquier caso, ha insistido en que la Conferencia Episcopal no tiene competencias, «ni ningún departamento de defunciones», sino que lo único que hace es elaborar los rituales litúrgicos para las exequias y los enterramientos. Gil Tamayo ha recordado que la catedral de la Almudena pertenece a la diócesis de Madrid, y su arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, ha explicado ya que se trata de una decisión de la familia al tiempo que ha pedido concordia, entendimiento y diálogo entre el Gobierno y la familia Franco. Y ha defendido que el órgano de los obispos se ha movido siempre en clave de despolitización. «Lo que favoreceremos siempre es la concordia en el sentido cristiano de cohesión social», ha aseverado.

LAS EXIGENCIAS DE LOS FRANCO

La familia de Franco sostiene que en el caso de que el Gobierno persista en su «actuación arbitraria» y proceda finalmente a la exhumación de los restos del dictador, deberá cumplir el decreto que regula los honores militares y, por tanto, habrá himno nacional completo, arma presentada, descarga de fusilería y un número por concretar de cañonazos.

La familia apela al Real Decreto 684/2010 que regula los honores militares y que, respecto a las honores fúnebres, establece que «se rendirán por una unidad con bandera, banda y música y consistirán en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería. En su caso, la salva de cañonazos que corresponda».

21 CAÑONAZOS Y 7 ‘VIVA ESPAÑA’

Más allá de que resulte pertinente tal tratamiento para los restos de Franco, quedaría en el aire cuántos cañonazos habría que disparar, ya que el decreto regula su número en función de quién sea el finado.

La norma detalla las personalidades con derecho a honores fúnebres militares, entre las que figuran militares y civiles vinculados a las Fuerzas Armadas que fallezcan en acto de servicio, los expresidentes del Gobierno y otras personalidades relevantes que hayan prestado «excepcionales servicios a España».

Como Franco no murió en acto de servicio, no fue presidente del Gobierno y resultaría cuanto menos polémico apelar a sus excepcionales servicios a España, parece que los cañonazos que la familia pretende para el dictador serían los correspondientes al máximo jefe del Ejército o incluso al Rey.

En el citado escrito de alegaciones, la familia se refiere en todas las ocasiones a su abuelo como «el anterior jefe del Estado», salvo en una en la que le llaman «Generalísimo».

De acceder el Ejecutivo a esas pretensiones, la inhumación se llevaría a cabo con una salva de 21 cañonazos y siete voces de ‘¡Viva España!’ si se atiende a la consideración de anterior jefe del Estado, así como a la de máximo jefe de los Ejércitos, actualmente el rey.

CORNETAS CON SORDINA...

El real decreto, en su artículo 36.2, señala que «al organizar los actos de honras fúnebres se tendrá en cuenta la voluntad que hubiera expresado el fallecido o, en su caso, la que manifiesten sus familiares», por lo que, siempre que el Gobierno entienda que Franco está entre las personalidades que merecen honras fúnebres, podría tener en cuenta las preferencias de sus nietos.

Según el escrito dirigido a Justicia, la familia Franco pide que, si finalmente fueran exhumados los restos de su abuelo, «deberá procederse a la inmediata entrega del féretro conteniendo su cadáver embalsamado a su familia en la propia Basílica». Desde allí hasta la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid podría darse otra situación peculiar, ya que si se entiende que corresponden a Franco los honores de anterior jefe del Estado para la inhumación, algo similar podría plantearse en el traslado: escolta armada, cobertura de la carrera por la que transcurra la comitiva y utilización de un armón de artillería para transportar el féretro.

«Las fuerzas que acompañen al féretro lo harán con las armas a la funerala, las banderas irán enrolladas y con corbata negra; las cornetas con sordina, los tambores destemplados y enlutados», reza el artículo 39.3 del decreto de 2010. Todo esto es lo que podría pasar de acuerdo con los planteamientos que la familia Franco sostiene en sus alegaciones.