Tensión independentista
La Fiscalía pedirá una pena mayor para Junqueras por ser líder de la 'rebelión'
El Ministerio Público reclamará de 25 a 30 años de prisión para el exvicepresidente y sanciones menores para el resto de los encausados
La Fiscalía del Tribunal del Tribunal Supremo apunta directamente al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras como líder de un delito colectivo de "rebelión y malversación" con una petición de entre 25 y 30 años de cárcel. El Ministerio Público tiene ya prácticamente listo el escrito de acusación contra 18 de los 25 procesados por el juez Pablo Llarena. Está previsto que nueve de ellos sean acusados por rebelión, seis de ellos en modalidad agravada (aparejada al delito de malversación de fondos públicos).
El hecho de que la Fiscalía determine gradaciones en la responsabilidad de los acusados ante el delito comportará que las penas reclamadas sean distintas para cada uno de ellos y según fuentes jurídicas no en el margen más alto previsto en el Código Penal, excepto en el caso de Junqueras.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los demás huidos (los cinco 'exconsellers' que le acompañaron a Bruselas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel están en una pieza separada, paralizada hasta que regresen a España y puedan ser juzgados.
La gradación de penas que planteará la Fiscalía apunta a penas de entre 15 y 25 años para los exconsejeros Jordi Turull , Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa. Otro grupo de procesados serán acusados por rebelión (sin malversación) y serían Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y los encausados por desviación de fondos públicos: Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.
La petición de pena para Sánchez y Cuixart oscilaría entre 5 y 25 años en función de si queda demostrada su participación en el 'procés' como simples partícipes o como cabezas y responsables máximos, como presume la Fiscalía. El Ministerio Público descarta la desobediencia por el grupo de encausados formado por Borràs, Mundó y Vila, por lo que la pena sería de entre 6 y 8 años de prisión. Los que sí serán acusados de desobediencia, sin penas de prisión, son los miembros de la Mesa que tramitaron las leyes de desconexión y la dirigente de la CUP Mireia Boya.