VÍSPERA DEL PRIMER AÑO EN LA CÁRCEL
Amnistía Internacional ve "injustificable" la prisión de los Jordis e insiste en pedir su libertad
La organización carga contra las autoridades judiciales por haber "agravado esta injusticia"
Manifestación en apoyo a los Jordis en Barcelona, el 16 de marzo del 2018
En la víspera del primer año en prisión de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, Amnistía Internacional (AI) insiste en pedir su libertad al considerar "injustificable" esta medida por ser "excesiva y desproporcionada" de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La organización carga contra las últimas decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional por mantenerlos en prisión pues "en lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin" al régimen de prisión provisional, "las autoridades judiciales han agravado esta injusticia", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en un comunicado.
El 16 de octubre del 2017, Carmen Lamela, entonces jueza de la Audiencia Nacional, envió a prisión por sedición a Sànchez -entonces líder de la ANC- y Cuixart -aún hoy presidente de Òmnium Cultural- por promover la manifestación del 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Conselleria de Economia, en Barcelona, en pleno registro de la Guardia Civil para desactivar los preparativos del 1-O.
"CARGOS INJUSTIFICADOS"
Amnistía Internacional dice que "los cargos que pesan contra los Jordis son injustificados y, por tanto, deben ser retirados", si bien "en caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser perseguido, ya que podría tratarse de una alteración de orden público, y ser objeto de sanción penal".
Pero "atribuirles delitos graves como la rebelión o la sedición es desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica", asevera Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.
Sin entrar a cuestionar los fallos del Constitucional sobre la ley del referéndum ni su aplicación, la organización defiende que los Jordis "tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña".
Y aunque admite que "los estados pueden imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos", como proteger el orden público o la seguridad nacional, requiere que las autoridades "demuestren que esas restricciones son necesarias y proporcionadas" al objetivo perseguido, "algo que no ha ocurrido en este caso".