Montero exhibe su historial de rigor con el déficit frente a PP y Ciudadanos
La ministra de Hacienda recuerda que Rajoy nunca cumplió y minimiza las dudas de Europa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, tras el Consejo de Ministros. JAVIER LIZÓN
paula de las heras | madrid
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiró ayer de sus credenciales como exconsejera de Hacienda de Andalucía para tratar de neutralizar las críticas furibundas del PP y Ciudadanos al plan presupuestario remitido el lunes a Bruselas así como el impacto que puedan tener los recelos y la petición de aclaraciones realizada por la Comisión Europea. «El PP jamás cumplió con el objetivo de estabilidad para la Administración General del Estado -recriminó-; el Reino de España sí lo ha hecho alguna vez, a costa de comunidades autónomas y ayuntamientos y yo, en mi responsabilidad cumplí siempre».
El relato es bastante exacto. Hasta 2016, España estuvo ocho años seguidos -es decir, toda la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la primera de Mariano Rajoy- superando los límites de déficit autorizados por la UE. En 2016 y 2017 sí cumplió pero sólo gracias a que la Administración central pudo enjugar su desfase con un déficit de las autonomías inferior a lo previsto y el superávit de las corporaciones locales (un año se pasó en tres décimas, del 2,2% al 2,52% y el siguiente en ocho, del 1,1% al 1,9%). Durante los años en los que Montero fue consejera, mientras, Andalucía siempre se ajustó a lo previsto. «Cuesta trabajo recibir lecciones del PP», argumentó ayer en una comparecencia tras el Consejo de Ministros.
Críticas de la oposición al margen, el Ejecutivo tiene sobre la mesa un problema objetivo. En la carta que la Comisión remitió ayer formalmente a España se advierte de que el aumento nominal del gasto neto previsto en el borrador presentado por el Gobierno «excede el aumento máximo recomendado del 0,6 %» (es del 1,7%) y que el ajuste estructural del 0,4 % del PIB planteado queda por debajo del 0,65 % recomendado por las instituciones.
Hay además, una cautela añadida. Lo normal -y, de hecho, lo que dicta la Constitución, ya incumplida por el Ejecutivo de Rajoy en este punto el año pasado- sería que a estas alturas del año el Consejo de Ministros hubiera aprobado y mandado ya a las Cortes su proyecto. Al no ser así, la Comisión plantea dudas. «Sería importante que se nos remitiera toda la información necesaria, especialmente, sobre aquellas medidas con impacto presupuestario, para facilitar nuestra evaluación», dice en la misiva. La ministra trató de quitar hierro a estos apuntes. Es cierto que de las cinco cartas remitidas desde Bruselas a distintos países la que se ha enviado a España es la menos contundente. De hecho, se limita a decir que «no excluye» alguna desviación mientras que la que remitió el jueves a Italia, la más dura, y las enviadas a Francia, Portugal y Bélgica detecta desviaciones claras que exige corregir. El Ministerio de Hacienda esgrimió en un comunicado que lo recibido en su caso no es más que un «documento técnico» en el que se requiere determinada información para facilitar el análisis de los servicios de la Comisión. Y Montero buscó la comparación con las cartas que el Ejecutivo comunitario envió al Gobierno de Rajoy tanto en 2016 como en 2017. «No cuestiona el cálculo sobre el déficit, cosa que sí de hizo en ocasiones anteriores», subrayó desde Moncloa.
La ministra explicó además que en breve podrá ofrecer más detalle sobre cómo se pretenden hacer operativas las medidas de fiscalidad recogidas en el plan gubernamental porque hoy mismo el Gobierno aprobó ya los nuevos impuestos a las tecnológicas y a la compra de acciones. Pero defendió que la muestra de que no existe preocupación excesiva con España es que el requerimiento realizado ahora se ha cursado a un «nivel funcionarial» y no vía comisarios o a través del vicepresidente del órgano comunitario como en ocasiones anteriores. Montero se mostró por ello muy crítica con el PP y Ciudadanos, que esta semana han dado a entender que harán lo que esté en su mano para frenar la tramitación de los Presupuestos en las Cortes. La portavoz gubernamental, Isabel Celaá, llegó a acusar a Pablo Casado de «inmadurez política» y recriminó a Albert Rivera su manera de hacer oposición. «Venía a regenerar la vida política pero la está sumiendo en un fango de insultos». dijo.
