El Gobierno da por hecho que Franco no irá a la Almudena y la Iglesia lo matiza

El Gobierno da por desterrado el riesgo de que el cadáver de Francisco Franco, una vez sea exhumado del Valle de los Caídos, vaya a la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. El Ejecutivo sostenía hasta ahora que no podía hacer nada para evitarlo si los nietos del dictador se empeñaban en trasladar sus retos al templo católico, donde son propietarios de una cripta. La Iglesia señalaba algo parecido. Pero ahora el enfoque ha cambiado. Un día después de su reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, la vicepresidenta, Carmen Calvo, explicó que Franco no recalará en la Almudena y que la Iglesia también apoya que sea enterrado de nuevo en otro lugar. 

Pero el anuncio de la vicepresidenta fue rápidamente matizado por el Vaticano, que no suele comentar sus reuniones con representantes de otros países. Esta vez, a través de un comunicado, la Santa Sede señaló que no tiene ninguna opinión sobre dónde ha de residir el cadáver del dictador y que la decisión, en cualquier caso, corresponde al Gobierno y a la familia, no a la Iglesia.  "El cardenal Pietro Parolin en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación -señala el Vaticano-. La señora Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al Cardenal Secretario de Estado le pareció oportuna esta solución". El desmentido es relativo, pero la nota viene a contradecir la tesis de que el Gobierno y la Iglesia trabajan de la mano para evitar que Franco esté en la Almudena. 

Fuentes de la Moncloa argumentaron tras la lectura del comunicado que, en el fondo, no había ninguna contradicción. La Santa Sede, según su punto de vista, coincide en que la Almudena no es el lugar adecuado para albergar a Franco al señalar en la última frase del comunicado que le parece "oportuna" la "solución" de "explorar otras alternativas". "Eso, en lenguaje del Vaticano, es mucho", dijeron en el Gobierno.  

EVITAR LA PEREGRINACIÓN

Antes de este cruce de declaraciones, a media mañana, Calvo había señalado en el Congreso que el Gobierno "tiene que garantizar que no se enaltece a Franco en ningún lugar". Tampoco en la Almudena, aunque sea propiedad de la Iglesia. La catedral se encuentra a solo 900 metros de la Puerta del Sol, en una de las zonas más concurridas de la capital, y podría convertirse en un espacio de peregrinación para los defensores del dictador. La Santa Sede, continuó la número dos del Ejecutivo, estaba de acuerdo.  Según fuentes socialistas, la Iglesia tampoco se siente "cómoda" con la posibilidad de que la Almudena "se llene de fascistas". El lugar preferido por el Gobierno para acoger al dictador sigue siendo el discreto cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, donde yacen otras personalidades del régimen como la esposa de Franco, Carmen Polo, y los expresidentes del Gobierno Luis Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro. 

El anuncio de Calvo tiene una enorme relevancia. La posibilidad de que Franco termine en la Almudena pone los pelos de punta a los socialistas. Si el dictador recala en la catedral, un lugar mucho más expuesto al público que el Valle de los Caídos, una de las iniciativas más simbólicas y con mayor impacto fuera de España que Pedro Sánchez llevará a cabo en esta legislatura sería un fracaso. 

LA "COLABORACIÓN" DEL VATICANO

 

"Los restos de Franco no pueden estar en ningún lugar donde sean enaltecidos, donde sean homenajeados, porque eso está prohibido en nuestra legislación. Él [Parolin] lo entendió. Le advertimos de que esta aplicación de la ley se tiene que hacer en cualquier lugar del territorio. Él entendió que debíamos intentar una salida de ambas partes para que los restos de Franco estén en un lugar en condiciones de dignidad, pero que no puedan ser objeto de homenaje. El Estado tiene instrumentos para que esto no ocurra", dijo la número dos del Gobierno.

La ley a la que apela el Ejecutivo es la de memoria histórica. En su artículo 15.1, la norma establece que "las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".