El Gobierno se aferra al Presupuesto pese al portazo de ERC y PDECat

Nada de lo ocurrido el pasado viernes, en el fondo, resultó inesperado. El Gobierno daba por supuesto que la Fiscalía mantendría la acusación de rebelión, sin moverse de lo que ha venido defendiendo durante este año. No intentó influir en ella porque, según varios ministros, no podía. Y aunque hubiese podido, continúan en la Moncloa, habría sido "contraproducente". Y el Ejecutivo tenía también claro desde hace varios días que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, defendería en su escrito que hubo sedición durante el pasado otoño, pidiendo penas más leves que la Fiscalía. La decisión podría haber contribuido a que el independentismo modulara su reacción, pero ERC y el PDECat, esta vez de la mano, no le dieron apenas importancia, poniendo el foco en la Fiscalía, cuyo peso en el juicio oral que en principio comenzará en enero será mucho mayor. El mensaje fue claro: no piensan negociar los Presupuestos del año que viene.

El Gobierno, sin embargo, no tira la toalla. No todas las fuentes coinciden, y algunas, más pesimistas, anticipan un escenario "imposible", pero en el Ejecutivo y el PSOE aportan varios argumentos para justificar su creencia de que las cuentas públicas aún pueden ser aprobadas con el independentismo. Primero, el propio pacto presupuestario con Podemos, que incluye medidas como subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones, ampliar los permisos de paternidad, dotar de más fondos a la dependencia y aumentar la prestación por hijo a cargo. Según los socialistas, será difícil para republicanos y posconvergentes justificar su rechazo a estas iniciativas. Después, que al secesionismo no le conviene el adelanto de las generales, una posibilidad que cobraría mucha fuerza si los Presupuestos no salen adelante, con otoño del año que viene como momento más probable para la cita con las urnas.

Y por último, el tiempo. "Hay tiempo", explican en la Moncloa, donde confían en que las contundentes palabras que pronunció el viernes el president, Quim Torra ("no votaremos nunca los Presupuestos", anunció), sean, en parte, una escenificación al calor de las elevadas penas solicitadas por la Fiscalía, que pide, por ejemplo, 25 años de cárcel para el líder de ERC, Oriol Junqueras. Las reuniones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat, que por el momento han logrado la retirada de varios recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes del Parlament y el compromiso de saldar en los próximos cuatro años casi 1.500 millones de euros pendientes con Catalunya, se van a seguir celebrando. El Ejecutivo y el Govern otorgan gran importancia a la continuidad de estos encuentros.

LA ALTERNATIVA

En ERC y el PDECat, mientras tanto, insisten en que no se sentarán a negociar las cuentas públicas. Ambos partidos, sin embargo, no cierran la puerta a apoyar al Ejecutivo en algunas de las medidas incluidas en su pacto con Podemos, pero si llegan al Congreso por separado, no dentro de un proyecto global de la importancia de los Presupuestos. "Nunca abandonaremos la bandera del diálogo", señalan los republicanos. "Vamos a esperar", explican fuentes posconvergentes. Esa es otra posibilidad que tiene el presidente, Pedro Sánchez, que podría intentar aprobar las iniciativas más sociales como trampolín hacia las generales.

Pero, de momento, el Ejecutivo insistirá en los Presupuestos. "Este Gobierno recibió una enorme crisis política e institucional, ante la cual está dando la cara. En lo judicial, con un respeto escrupuloso de la independencia de la justicia. Y en lo político, con una propuesta constructiva de diálogo, basado en la Constitución, que ha permitido hasta ahora avanzar en muchas cuestiones importantes para todos los catalanes y no solo para una parte de ellos", explican fuentes oficiales de la Moncloa, dejando claro que su enfoque frente a la crisis territorial no va a cambiar.

"La fórmula para avanzar hacia una solución sigue siendo diálogo dentro de la ley, de la Constitución y del Estatut, y respeto total a las decisiones judiciales. El Gobierno persistirá en ese camino, pese a la reacción de los partidos independentistas y de las derechas. Frente a quienes lo consideran una claudicación, el Gobierno sostiene su apuesta decidida y necesaria por la normalización institucional. Frente a los que acusan de represión, el Gobierno responde que solo en el respeto a la ley puede encontrarse el cauce adecuado. La reacción excesiva de unos y otros demuestra que nunca pueden encontrarse soluciones en los extremos", concluyen los colaboradores del presidente.