Afines a Estado Islámico
Jamal Zougam, condenado por el 11-M, declara por el 'frente de cárceles'
La red practicaba el proselitismo yihadista entre presos musulmanes a través de cartas y mensajes de voz ocultos
Jamal Zougam, condenado por los atentados del 11-M.
El condenado en sentencia firme por los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid Jamal Zougam presta este jueves declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por su implicación en el llamado 'frente de cárceles' yihadista, una red de relaciones establecida por vía epistolar entre presos de 17 prisiones de todo el país desmantelada el pasado 1 de octubre.
Según fuentes jurídicas, Zougam, sentenciado a 42.922 años de prisión como autor de los 191 asesinatos del 11-M, será una de las cinco personas que prestarán declaración por videoconferencia en relación con esta red que presuntamente lideraba también desde prisión Mohamed Achraf, que ultimaba su condena por pertenencia a organización terrorista cuando la operación se desencadenó.
De hecho, Achraf fue uno de los primeros en prestar declaración. Lo hizo el pasado 11 de octubre y el juez Pedraz dictó sobre él prisión provisional dado que pocas fechas después iba a salir en libertad. En aquella comparecencia por videoconferencia, se negó a responder a la Fiscalía y al juez, pero insistió en que lo único que tenían contra él era su religión, porque, en su opinión, el sistema persigue a los musulmanes.
AFINIDAD CON ESTADO ISLÁMICO
La investigación apunta que intentaba organizar una especie de frente de afines a Estado Islámico, captando nuevos adeptos y reforzando las convicciones de los condenados ya acólitos, y para ello se servía tanto de cartas en las que les animaba a "seguir en la lucha" y que llegaban a las prisiones por correo ordinario, como de notas ocultas y mensajes de voz que transmitía a través de terceros, a veces presos, a veces familiares o amigos que iban a visitarle. Llevaba intercambiando misivas desde al menos el 2014.
Entre esas cartas, que son fotocopiadas en las cárceles dado que en muchos casos se trata de presos de un régimen especial y tienen las comunicaciones intervenidas, figura al menos una en la que respondía a una carta previa de Zougam, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, lo que ha situado al condenado por el 11-M dentro del grupo de 23 presos que están siendo investigados como parte de la red.
Las fuentes jurídicas consultadas explican que no todos serán encausados, dado que en muchos casos recibieron la carta de Achraf pero no quisieron contestar a sus comentarios sobre religión y la importancia de estar unidos y seguir fuertes y en la lucha. No había en esas cartas alusiones directas a la violencia o al terrorismo, dado que emisario y receptor son siempre conscientes de que las comunicaciones están intervenidas, pero sí estaban ilustradas con un sello que, en teoría, dibujaba el propio Achraf: una bandera del Estado Islámico levemente modificada.
HASSAN EL HASKI NO LLEGÓ A CONTESTAR
Es lo que argumentó ante el juez otro condenado por el 11-M, Hassan El Haski, el pasado 29 de octubre: recibió una misiva, no le pareció que contuviera nada extraordinario, pero nunca contestó, según explican fuentes presentes en el interrogatorio.
Sí había no obstante algo novedoso en aquella carta en comparación con el resto. Para El Haski, Achraf anotó el teléfono de la prisión en que se encontraba instándole a ponerse en contacto con él. No consta hasta la fecha en la investigación que llegase a llamarle a la cárcel.
En total, 11 personas han declarado ya ante Pedraz por estos hechos, incluyendo a Achraf y a las otras tres personas que los investigadores sitúan en la 'cúpula' de esta inicipiente red: Karim Abdeselam Mohamed, Mohamed el Gharbi y Abdelghani Zarrouri, un condenado por violencia de género que ya llegó a la cárcel quejándose de un sistema que penaliza el hecho de matar a una mujer.
Quedan por delante una decena de declaraciones más y una instrucción que se prevé larga por la abundante documentación intervenida, entre las comunicaciones intervenidas por los propios servicios penitenciarios y las anotaciones incautadas en los registros de las 28 celdas de estas personas, que debe ser traducida, puesta en correlación temporal y analizada.