PSOE y PP avanzan en la renovación del CGPJ antes del juicio del 'procés'

El PSOE y el PP trabajan para cerrar un acuerdo de reparto de los puestos del Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes. Este mismo jueves, Cristina Narbona admitía en RTVE que le constaba que "es bastante posible" que el lunes se avance en este pacto. La renovación de este órgano es muy relevante, máxime con importantes juicios como el del 'procés' en el horizonte y con la polémica originada por la gestión del Tribunal Supremo del impuesto de las hipotecas. "Confio en que esa renovación se produzca a tiempo y que todo lo que nos espera se haga con órganos renovados", recalcó Narbona.

Este misma semana, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ya avisaba de que su partido estaba "hablando con los otros grupos parlamentarios", además de señalar que sus prioridades eran la paridad y la incorporación de "expertos en violencia de género, en lucha anticorrupción y en distintas materias judiciales". "El lunes les informaremos de la propuesta del PSOE y si va acompañado de otros partidos o no", zanjaba.

Así, aunque las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado no pasan por su mejor momento, parece que al final se llegará a un acuerdo. Según eldiario.es, la negociación apunta a que "una mujer presida el órgano de gobierno de los jueces". Además, afirma este rotativo, los socialistas reservan uno de sus puestos para Unidos Podemos, que se decantaría por Victoria Rosell, pero aún no ha contactado con los independentistas.

PLAZOS Y REQUISITOS

La Mesa del Congreso prorrogó  hasta el próximo lúnes día 12 el plazo para que los grupos parlamentarios presenten los candidatos que corresponde elegir a la Cámara Baja en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato concluye el 4 de diciembre. El Senado, por su parte, ya decidió hace una semana prorrogar hasta el 18 de diciembre el plazo para proponer los vocales que le corresponden, es decir, más allá de la fecha de caducidad del mandato del CGPJ.

Las Cortes deben votar por mayoría cualificada a los 20 vocales del Consejo, de los que doce han de ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos.

La mitad del CGPJ se elige en el Congreso y la otra mitad en el Senado y, dada la aritmética parlamentaria y la exigencia de mayorías, es imprescindible que PP y PSOE se pongan de acuerdo.

51 CANDIDATOS PARA 12 ASIENTOS

El pasado 27 de septiembre, Lesmes remitió al Congreso y al Senado una lista con los 51 candidatos seleccionados por las asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar esos doce asientos reservados a magistrados. En esa lista figura Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, así como el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, la pieza relativa a las 'tarjetas Black' o los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

La lista la integran, además, candidatos tanto independientes como presentados por las asociaciones judiciales para que puedan ser elegidos en el cupo de 12 vocales pertenecientes a la carrera judicial por el Congreso y el Senado. También podrá aspirar José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que opta a vocal a propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD).

Entre los aspirantes que han quedado fuera, por no cumplir el requisito de ser juez en activo está el magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP de la sentencia del caso Gürtel que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy. De Prada se encontraba en excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y no se le ha concedido el ingreso, por no estar acreditada la renuncia en dicho puesto, lo que el juez ha tildado de "sanción encubierta".