Chaves insiste en que nunca supo cómo se pagaban los ERE
El juicio sobre las ayudas encara su recta final con los informes de las defensas.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la sesión de ayer. R. CARO
ramón gorriarán | madrid
Ni los peritos ni los informes ni el resto de imputados han logrado apuntalar «indicio incriminatorio alguno» contra Manuel Chaves, para el que la Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la denominada pieza política de los ERE. Esta es la esperable conclusión de su defensa, que solicita la absolución del expresidente del Gobierno andaluz. Según manifestó ayer su abogado, el jefe del Ejecutivo se dedicó a las grandes políticas y conoció los conflictos sociales en la comunidad, pero no bajó al detalle de saber cómo se concretaron unas ayudas que apenas representaron el 0.34% del presupuesto autonómico.
El letrado Pablo Jiménez de Parga abrió este lunes el turno de las conclusiones finales de las defensas de los 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz imputados en la causa que enjuicia la puesta en marcha de un sistema específico para repartir casi 750 millones de euros en ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas en crisis de forma opaca y discrecional. Los informes de los abogados consumirán a buen seguro las próximas tres semanas, coincidiendo con la campaña electoral andaluza, por lo que fuentes jurídicas dan por hecho que el turno de última palabra de los imputados se producirá después de las elecciones del 2 de diciembre.
El argumento de Chaves fue sencillo. El presidente andaluz conocía los grandes conflictos sociales que había en Andalucía en la década de los 2000, e incluso sabía que la Junta tenía una línea de ayudas para esas entidades, pero no era su competencia conocer cómo se concretaban o materializaban esos pagos. Estimó que, si tras «bucear en decenas de expedientes» sobre las más de 270 ayudas concedidas los únicos indicios encontrados por Anticorrupción son «cartas y faxes, poco tiene».
En la misma línea, la defensa de Chaves mantuvo que no se ha demostrado que el expresidente fuera advertido en algún momento de que se cometía alguna ilegalidad, ya que el interventor no elevó el preceptivo informe de actuación necesario para que el Consejo de Gobierno tomara medidas, de ahí que no pudiera ponerles fin, como le acusa Anticorrupción. De igual manera, las 18 modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo bajo el mandato de Chaves contaron con los informes favorables de Intervención, por lo que en el Gobierno autonómico no se pusieron reparos y las aprobaron sin debate.