Así se legalizó el spam electoral en España

El retumbar de las redes sociales rompió la unidad de IU y Podemos la tarde del 19 de noviembre en el Senado. Los asesores del grupo detectaron una gran corriente crítica clamando en Twitter y Facebook contra la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que se iba a votar dos días después; sobre todo contra una disposición final III que cambiaría la Ley Orgánica de Régimen Electoral para permitir a los partidos recopilar datos de opiniones políticas de las personas.

A Unidos Podemos-Senado no le importó que Unidos Podemos-Congreso hubiera dado el visto bueno antes a la ley. La mañana del 20, el grupo de Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado movió por los despachos una Propuesta de Modificación al dictamen de la Comisión de Justicia para eliminar la disposición final III.

Se lo pensó Ciudadanos, y aún la mañana del día 21 lo rumiaba Esquerra –según fuentes de la negociación–, pero, por la tarde, en vano advirtió la senadora de En Comú Podem Celia Cánovas desde el atril que "la aplicación de este texto da vía libre a los partidos para elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos. Abre la puerta a que las opiniones políticas sean grabadas y almacenadas". No rompió el pacto que ya venía del Congreso. Llegada la votación, lucieron en el marcador de la Cámara Alta 220 síes y 21 noes. Cánovas solo había convencido a Compromís y a Nueva Canarias.

NI CASO

Así fracasó el último intento de parar una ley impopular en titulares de prensa y trinos de internet. Lo que parecía mero trámite en el Senado se convirtió en un quebradero de cabeza para la alianza de izquierdas ante las quejas de los activistas pro privacidad digital, liderados por el abogado barcelonés Carlos Sánchez Almeida, que preside la Plataforma en la Defensa de la Libertad de Información. “Después del caso Cambridge Analytica no nos podemos fiar de los partidos –advierte–. Ahora solo nos queda el Defensor del pueblo o recursos ante la Audiencia Nacional. Esto va a tener recorrido procesal, seguro”

Los senadores de Unidos-Podemos hablaron con su compañero valenciano de IU Ricardo Sixto, diputado experto en protección de datos que había dado el visto bueno al artículo en el Congreso, pero no le hicieron caso. Han pasado ya días y todavía protesta indignado, a preguntas de EL PERIÓDICO: "Pero ¿cómo ibamos a aprobar para los partidos algo que ni siquiera se le permite a la Policía? Se han dicho y publicado barbaridades sin fundamento. ¡Hay prácticas prohibidas y van a seguir prohibidas, como hacer perfiles personales!”

Podemos no ha materializado la promesa de Cánovas de llevar la nueva ley al Tribunal Constitucional. Para Artemi Rallo, diputado socialista y expresidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), “algunos han querido creer que se legaliza el spam masivo electoral, y no es verdad. Hacer ficheros con perfiles ideológicos se castiga con hasta 20 millones de multa. Otra cosa es la prospección de datos anónimos, detectar las preocupaciones de los ciudadanos, pero sin identificación personal”. 

LA DESAPARECIDA E-331

El artículo 58bis que la nueva Ley de Protección de Datos cuela en la Ley de Régimen Electoral aún levanta polvareda. Su punto 1 dice: "La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público cuando se ofrezcan garantías adecuadas".

Y quizá no habría sido tan polémico de haber sido más explícito en sus prohibiciones. En el año de cincelado parlamentario (24 de noviembre de 2017 a 21 de noviembre de 2018), se cayó por el camino una enmienda que lo perfeccionaba.

"Nadie objetó nada", cuenta Rallo, el diputado que la propuso. Se llamaba Enmienda 331, y al punto 1 añadía: "Cuando la difusión de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes se base en la elaboración sistemática y exahustiva de perfiles electorales de personas físicas, deberá realizarse una previa evaluación de impacto relativa a la protección de datos peronales (…) Dicha difusión no podrá realizarse cuando se identifiqueun alto riesgo para los derechos y libertades de las personas y no se adopten las medidas necesrias para impedirlo. Quedan prohibidas las actividades de propaganda electoral basadas en la elaboración de perfiles electorales en redes sociales o equivalentes cuando no se informe a sus destinatarios sobre su finalidad…"

Hasta el 18 de abril pasado, el artículo iba así. Artemi Rallo explica que la 331 desapareció "porque recibimos consejos de técnicos sobre que esas cautelas ya están recogidas en el artículo 35 del Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD, que se aplica en España), y no hacía falta repetirlo en la Ley, y sobre que es mejor dejar abiertas las garantías exigibles y no limitarlas a unas cuantas”.

El artículo 35 del REPD obliga a quien vaya a tratar datos sensibles "para los derechos y libertades de las personas" (como los ideológicos) a hacer una evaluación previa de impacto pidiendo a la AEPD su opinión.

Pero la Agencia no les parece a los críticos gran garantía. "Se supone que una agencia independiente no influye en una votación parlamentaria, en todo caso se pronuncia después", se queja Sánchez Almeida. Se refiere al comunicado que la AEPD emitió la mañana del 21 de noviembre, ante el ruido creado: "El texto del Proyecto no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas”, decía.

EMPRESARIOS

Ha debido seguir con interés el proceso de la nueva ley una agencia de campañas electorales y segmentación de datos. Se llama Public y la creó Pablo Alzugaray en octubre pasado, mes y medio antes de la votación en el Senado. Su creador es el dueño de Shackleton, agencia que fue pionera en admitir que le hacía la campaña a un partido. En este caso, el PP, en 2015 y 2016. Los mismos años en que a los populares les asesoró Isabelle Wright, experta em Big Data de Silicon Valley que ayudó también a Obama, Macron y Mateo Renzi.

Alzugaray fue el que difundió el primer vídeo de Mariano Rajoy andando deprisa, ese deporte tan suyo. Para esta nueva marca, el empresario publicitario ha fichado a dos exmiembros del gabinete del presidente popular: Andrés Medina y Abelardo Bethencourt, forjados en las secretarías de Comunicación y de Análisis y Estudios del PP y, después, en Moncloa.

Public ha nacido dos años después de que se posicionara en España otra agencia especializada en minería de datos. Se llama Afiniti, vino de Estados Unidos y, con inteligencia artificial, puede aportar valiosa información a bancos, aseguradoras… o partidos que hagan campañas desde callcenters.

En EEUU dirige la compañía Zia Chishti, experto en tecnología que preside también la filial española. Su segundo es Zach Hudson, abogado de Yale que, antes de entrar en este negocio, fue oficial de ingeniería del submarino nuclear de la US Navy Santa Fe. El directivo de confianza de ambos en España se llama Alonso Aznar Botella.