El 'caso Cursach': orgías, prostitutas y drogas a cambio de favores

La incautación por orden judicial de los teléfonos móviles de dos periodistas ha supuesto un nuevo giro que enmaraña aún más el proceso judicial por presunta corrupción en torno al empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach, una madeja en el que también están enredados policías locales y políticos.

En el 'caso Cursach' se investiga, entre otras muchas cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer a los negocios del empresario, intocable dominador durante décadas de la noche mallorquina.

En este entramado habrían participado, presuntamente, políticos como el exdelegado del Gobierno y 'exconseller' de Interior José María Rodríguez, y el que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento de Palma y hoy diputado no adscrito Álvaro Gijón. Ambos están suspendidos por el PP.

AGRESIONES A TESTIGOS

Pero además, en torno a Cursach hay episodios de agresiones e intimidación a testigos protegidos por parte de empleados del grupo empresarial, algunos de ellos juzgados y condenados pero también absueltos en otros casos. Varios de estos testigos supuestamente anónimos, cuyas identidades han corrido de boca en boca, han relatado en el juzgado que el magnate compensaba con fiestas con prostitutas, champán y cocaína a policías y políticos que favorecían sus negocios. Cenas y orgías que se podrían haber usado como pago a los implicados en la trama.

Un testigo llegó a declarar que Cursach ordenó proporcionar drogas hasta la muerte al trabajador de una de sus fincas que aseguraba tener en su posesión fotografías comprometidas del propio Cursach, aunque su defensa siempre ha negado rotundamente estas acusaciones.

El juez que inició la investigación, Manuel Penalva, quedó apartado del caso "por pérdida de apariencia de imparcialidad" tras ser recusado por dos de los investigados. Antes había sido objeto de manifestaciones a la puerta de su juzgado en las que cientos de personas, muchos de ellos empleados de Cursach, encabezadas por un letrado personado en la causa, le acusaban de corrupto tanto a él como al fiscal Miguel Ángel Subirán, quienes también fueron objeto de querellas por supuesta animosidad contra Cursach y algunos de los policías investigados.

13 MESES EN LA CÁRCEL

El propio empresario, liberado el pasado abril después de 13 meses en prisión preventiva tras pagar un millón de euros, fue juzgado y condenado en junio a ocho meses de cárcel por tener una escopeta bajo la cama sin contar con licencia de armas.

El sustituto del instructor inicial es el magistrado Miguel Florit, que firmó la orden de intervención de los teléfonos móviles y los equipos informáticos de los redactores de Diario de Mallorca y Europa Press. Este juez separó la investigación principal en dos piezas y ordenó que continuará como procedimiento abreviado contra Cursach y otras 23 personas la parte relativa a posibles delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, prevaricación, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de drogas.

Sin embargo, la Audiencia Provincial, en atención a dos recursos, determinó que continuara unida a la causa matriz. El episodio de la requisa de móviles a periodistas se enmarca en una investigación aún secreta que tiene su origen en sendas querellas de Cursach y su número dos, Bartolomé Sbert, por la publicación en junio de un informe policial que atribuía al grupo empresarial un fraude fiscal de decenas de millones de euros, algo que la Agencia Tributaria ha desmentido en otro informe.